A ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la justicia no ha llegado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador instaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso la cual ha presentado los avances en la investigación.
El nuevo informe remplaza la llamada verdad histórica mostrada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam. Ambos reportes concluyen en lo mismo, los estudiantes fueron asesinados luego de secuestrarlos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez —también encargado de la comisión— aseguró en agosto pasado que la diferencia radica en que para este nuevo informe no se utilizó la tortura para obtener las evidencias.
“Ahí hay una diferencia sustancial y de fondo: que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, declaró en conferencia de prensa.
Sin embargo, familiares de los jóvenes desaparecidos reclaman que se les entreguen pruebas fehacientes de los hechos. Lo anterior con la intención de dar con el paradero de los estudiantes y que los responsables paguen por sus actos.
Te puede interesar: La mentira en la «Verdad histórica» del caso Ayotzinapa
“Nuestra expectativa y el mayor deseo es de que ya pronto termine esto. Que con las detenciones que se están llevando a cabo y las poquitas que hacen falta, pues ya empezamos a trazar la ruta a la verdad.
“Que hoy los padres de familia, las madres de familia de Guerrero y México tengan la seguridad de que la impunidad no va a prevalecer más y que los responsables van a ser castigados. No importa quiénes sean”, declaró en entrevista con AD Noticias, Felipe de la Cruz Sandoval, padre de Ángel de la Cruz, sobreviviente del ataque en la noche de Igual en 2014, y quien fuera vocero de los demás familiares de los 43.
Los detenidos por el caso
Actualmente Murillo Karam está detenido y vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por las irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.
El exfuncionario cuenta con un amparo de suspensión provisional contra la vinculación a proceso, que se resolverá el próximo 28 de septiembre.
“Todo esto pues preocupa, porque cuando sentimos que vamos avanzando damos un paso hacia atrás y otra vez volver a empezar”, señaló De la Cruz Sandoval.
Lee: Vinculan a proceso al exprocurador Murillo Karam por caso Ayotzinapa
Detalló que los familiares de los 43 estudiantes consideran a Murillo Karam como pieza clave de la investigación. Creen que los choques entre los poderes ejecutivo federal y judicial, podrían dañar una vez más las investigaciones.
“Celebramos del hecho de que la impunidad hasta hoy inicia un proceso de freno, porque antes ni siquiera los nombres se sabían de quienes han participado. Hoy tenemos un hombre de alto nivel como el exprocurador de la República; un general del Ejército Mexicano, que antes el ejército era intocable. Es más clara la intención de llegar a la verdad”, expresó.
Los detenidos —acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada— pertenecientes al Ejército son:
- General del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez
- Capitán José Martínez Crespo
- Subteniente Fabián Alejandro Pirita
- Sargento Eduardo Mota Esquivel
En este sentido, el subsecretario Alejandro Encinas detalló que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, cuando fueron asesinados presuntamente por órdenes del entonces coronel José Rodríguez Pérez.
También anunció que darán a conocer más nombres de los responsables de la desaparición de los estudiantes. No obstante, criticó la difusión en medios de comunicación sobre detalles del informe hecho por la comisión de justicia.
Al respecto, Felipe de la Cruz calificó como “un arma de dos filos” la revelación de los nombres de más responsables. Pues podría devenir en un riesgo de fuga, tal como el caso del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien está prófugo en Israel.
El exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera también cuenta con orden de aprehensión.
Ocho años después familiares de los estudiantes de Ayotzinapa exigen justicia
Tres jóvenes fueron identificados a partir de restos hallados en el basurero de Cocula:
- Alexander Mora Venancio
- Jhosivani Guerrero de la Cruz y
- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Cuatro padres y madres de los estudiantes han fallecido sin conocer el paradero, ni destino de sus hijos:
- Minerva Bello,
- Bernardo Campos,
- Saúl Bruno y
- Tomás Ramírez Jiménez.
Te puede interesar: Siete años después, ¿dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Ocho años de buscar justicia han mermado la salud y condición de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
“Hay mucho desgaste físico, emocional, económico y pues para nosotros es una necesidad ya saber la verdad. Una verdad científica, no una verdad histórica como la de Murillo Karam, que pretendan cerrar el caso con las detenciones que están haciendo, sin que todavía sepamos dónde están. Eso es lo preocupante lo demás yo siento que se va sobrellevando”, comentó De la Cruz Sandoval.
Al menos 120 implicados en el caso Iguala fueron liberados por el juez Samuel Ventura Ramos, 77 por tortura. Por estas acciones, el juez fue denunciado ante la Fiscalía General de la República.
Felipe de la Cruz compartió que para los familiares y conocidos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, las enfermedades y carencias incrementaron desde su tragedia.
Durante la administración de Peña Nieto también fueron víctimas de persecución y hostigamiento institucional. Por ello, no aceptan ningún apoyo económico por parte del gobierno, aseguran que “no habrá reparación de daños hasta que haya justicia”.
Lo único que ha prevalecido es la convicción y esperanza de conocer la verdad y dar con el paradero de los jóvenes.
“El amor a los hijos, la esperanza está viva mientras no nos puedan comprobar de manera científica que ellos están muertos como lo mencionan. Posiblemente sea una ilusión muy grande, pero mientras no haya a la seguridad de que estén así, la lucha va a seguir.
“Por otro lado, para que esto no se vuelva a repetir no queremos que ningún mexicano, ningún guerrerense vuelva a vivir la pesadilla de tanto sufrimiento causado por el gobierno. Porque fue el gobierno, fue el Estado y así lo hemos declarado nosotros siempre. Los sentenciamos, lo consignamos, denunciamos que este ha sido un crimen de Estado, porque eran uniformados, fueron militares, quienes ejecutaron este hecho”, afirmó.
