Siete años después, ¿dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa?

El despliegue por parte de militares del 27 Batallón de Infantería se dio presuntamente por órdenes de un líder del narcotráfico para recuperar un cargamento de heroína

Siete años años después, ¿dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa?


El 26 de septiembre se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa y todavía no hay justicia.
Aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver el caso, los avances han sido lentos. Por su parte, los padres y madres continúan exigiendo la aparición con vida de sus hijos.

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Las normales rurales en México

Las normales rurales fueron un proyecto educativo producto de la Revolución; se crearon en México desde 1922 con el objetivo de formar maestros rurales.

La investigadora Alicia Civera explica que estas normales a principios de “los años treinta fueron convertidas en escuelas regionales campesinas con objetivos más ambiciosos: realizar una transformación del campo, integrando actividades culturales, deportivas, educativas, económicas y de organización política en el marco de la reforma agraria y de la conformación del Estado posrevolucionario.»

«Jóvenes entre 12 y 17 años se formaron con un plan de estudios de cuatro años posteriores a tres o cuatro años de educación primaria, que enlazó la formación de maestros rurales con la de técnicos agrícolas para formar líderes, personas autónomas, responsables y con autonomía, conocedores de técnicas de agricultura y ganadería, oficios rurales y cultura cívica, de los artículos constitucionales que amparaban a los campesinos y obreros”.

La idea era que los jóvenes observaran “las necesidades del medio rural y manejaran técnicas para convertirse en gestores para solicitar el reparto agrario, formar cooperativas de producción, abrir escuelas, procurar la higiene y el deporte, organizar fiestas patrias y otras actividades como la alfabetización”.

Quienes asisten a las normales son generalmente hijos de campesinos, ellos y ellas reciben becas y participan en los movimientos sociales, reciben formación política y se conforman en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que abarca a todas las normales rurales del país.

Educación con pensamiento crítico

Las normales rurales tienen una larga historia de lucha debido a su defensa por la educación y formación de maestros campesinos en zonas rurales.

En este contexto es que los muchachos de Ayotzinapa tomarían camiones para ir a la marcha del 2 de octubre. Las normales rurales asisten a esta y otras actividades todos los años; la toma de camiones es una acción común para su traslado, así como las jornadas de apoyo social que realizan en diversas comunidades.

No obstante, desde el exterior se observa como una actitud negativa que se agrega a la idea de que un estudiante solo debe mantenerse en las aulas; pero diversos teóricos de la educación señalan que “la importancia de pensar críticamente no está bajo cuestión en una sociedad democrática: no basta que la escuela se dedique a enseñar a leer y escribir sino que se requiere además que enseñe a sus alumnos a pensar”.

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La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala

El ataque contra los estudiantes por parte de las fuerzas municipales, estatales, militares y personas civiles fue desmedido. Los estudiantes de las normales tomaban camiones para viajar a la Ciudad de México cada 2 de octubre, por lo que no se explica la fuerza desmedida por detenerlos el 26 de septiembre de 2014.

La noche de Iguala, una investigación de la periodista Anabel Hernández, señala que el despliegue se habría dado por parte de militares del 27 Batallón de Infantería por órdenes de un líder del narcotráfico para recuperar un cargamento de heroína, con valor estimado de 2 millones de dólares, oculto en dos autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre.

Esta investigación confirmaría la presunta participación de militares en la desaparición y daría sentido a ciertas pistas recabadas por el grupo independiente de investigación como la localización de la señal del teléfono de uno de los estudiantes en la zona militar.

La investigación de la periodista Anabel Hernández se extiende y señala otros aspectos que, de comprobarse, involucrarían a integrantes de diversas instituciones. Personajes que participaron y participan en la administración y política: Omar García Harfucha, quien en ese entonces era coordinador de la Policía Federal en Guerrero y estaría implicado en la desaparición de los estudiantes. Según un testigo, Herfuch recibía un soborno mensual de 200 mil dólares, por parte de Guerreros Unidos, grupo delincuencial que controla la zona.

En el caso de Ayotzinapa, el propio encargado de la investigación ocultó y manipuló las pruebas. Tomás Zerón y el entonces procurador de justicia José Murillo Karam crearon una “verdad histórica”: los grupos delincuenciales asesinaron a los estudiantes y los incineraron en un basurero en Cocula. Las pruebas eran un hueso y algunos participantes confesos.

Esta versión desechada en inicio por principios científicos y después por sentido común ha sido casi completamente desmontada.

Las promesas de López Obrador

El presidente de México se reunió con los padres de los estudiantes desaparecidos desde el primer día de su administración en el 2019 y se comprometió a llevar las investigaciones a la verdad; de ello, han pasado dos años.

El pasado 24 de septiembre, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dieron los avances: hasta este momento se han obtenido 89 órdenes de arresto, de las cuales solamente se han ejecutado 49 y quedan pendientes 40, entre ellas, la de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Además, explicaron que la tortura se utilizó de manera generalizada, que se han realizado peritajes que involucran el análisis de 80 millones de llamadas, y de ellas se ha dado seguimiento a 116 números.

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Añadieron que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los agresores; y que hay un total 89 órdenes de aprehensión obtenidas durante su gestión –49 ya cumplimentadas y 40 pendientes–. Señalaron manipulación en la evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones y cerrarán la indagatoria en tres días.

Los padres de los estudiantes desaparecidos

En casi todas las marchas y movilizaciones para exigir la aparición de los estudiantes está un grupos de hombres y mujeres tristes, fuertes y sencillos: son los padres y madres de los muchachos. Ellas y ellos fueron sacadas de su entorno para comenzar una vida que nunca imaginaron y que desde el 2014 toman el micrófono, dan entrevistas y buscan la manera de sobrevivir en la incertidumbre de lo que pasó con sus hijos.

Son numerosos los testimonios que ellos dan a los medios de comunicación. Después de siete años la empatía puede perderse, hay incluso quienes los culpan por la desaparición: “si les hubieran enseñado que a la escuela se va a estudiar no estarían desaparecidos”. A los padres se les cuestiona con poca sensibilidad y sin comprender las condiciones que atraviesan: pobreza, discriminación, violación a sus derechos humanos, etc.

Hablar con los padres es observar la esperanza y la furia, pese a la conferencia de prensa emitida por la actual administración federal, ellos esperan la verdad, ya sea para abrazar o o despedir a sus hijos.

Los pendientes

En México hay instituciones intocables, la militar es una de ellas y desde el principio, la puerta para investigarla está cerrada, en esta conferencia de prensa tampoco se habló de militares.

La sociedad tiene pendientes, las afirmaciones a la ligera, las críticas sin fundamento, el clasismo y la discriminación: no hay ninguna situación que justifique la desaparición de 43 estudiantes de 17 a 25 años que estuvieron, por diversas razones, en el momento y lugar en donde fueron agredidos y desaparecidos.