Ayuntamientos los más denunciados ante CODHEM; crece hartazgo social

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reporto que los ayuntamientos son los organismos de los que más se queja la población, concentraron el 20.7 por ciento de las 3 mil 317 quejas recibidas entre enero y abril del año en curso. Datos de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación señalan a […]

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reporto que los ayuntamientos son los organismos de los que más se queja la población, concentraron el 20.7 por ciento de las 3 mil 317 quejas recibidas entre enero y abril del año en curso.

Datos de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación señalan a Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl como los ayuntamientos con mayor número de expedientes por presuntas violaciones; la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se ubicó en segundo lugar con 638 quejas contra servidores públicos de esa dependencia, que representan el 19.3 por ciento.

La tercera posición la alcanzó el sector educativo, con 600 o el 18.1 por ciento; donde se contabilizan las quejas contra la Secretaría de Educación que fueron 401 y las de Servicios Educativos Integrados del Estado de México, con 199.

La CODHEM informó que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social sumó 384, mientras que el Tribunal Superior de Justicia registró 224; en el caso del sector Salud, tiene 174 quejas que incluyen las de la Secretaría de Salud del Estado de México, el ISSEMYM, el Instituto de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Las principales causas de probables violaciones a los derechos de las personas afectadas, se refieren al ejercicio indebido de la función pública; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación; así como la detención arbitraria por parte de integrantes de los cuerpos policiacos.

De las más de 3 mil 300 las quejas recibidas en los casi cuatro meses del año en curso, las cuales son investigadas por el personal del organismo para determinar responsabilidades en acciones u omisiones de los servidores públicos del estado y municipios, además de buscar solución a los conflictos a través de la mediación y la conciliación.