El 24 de noviembre, el Estado de México quedó atravesado por bloqueos simultáneos que colapsaron carreteras clave. Las organizaciones que llamaron al Mega Bloqueo Nacional 24N presentaron un pliego de demandas conocido: mayor seguridad en carreteras, fin a la extorsión y precios justos para el campo. Sin embargo, la protesta estuvo encabezada por dirigentes con filiación política y antecedentes de presión sindical, lo que volvió difusa la frontera entre la inconformidad legítima y la negociación política.
En el Edomex, los puntos más críticos se concentraron en Ecatepec —sobre la vía López Portillo, Lerma en la carretera México-Toluca y Texcoco–Lechería—, donde los manifestantes restringieron la circulación a un solo carril durante horas, afectando a miles de personas.
Aunque la narrativa pública de los líderes apuntó al abandono del campo y la inseguridad, el Gobierno Federal sostiene que el conflicto no era ni nuevo ni ignorado: asegura que existían mesas de diálogo activas y más de un centenar de reuniones previas con representantes del sector. Para la administración federal, los bloqueos respondieron menos a las demandas sociales que a intereses políticos de dirigentes con vínculos al PRI, PAN y PRD.
Los dirigentes en el centro del bloqueo
Eraclio “El Yako” Rodríguez
Cabeza del Movimiento Agrícola Campesino (MAC). Fue mencionado en La Mañanera como uno de los articuladores del 24N. Su organización ha sido señalada por protagonizar movilizaciones con fuerte carga política.
David Estévez Gamboa
Dirigente de la ANTAC, con vínculos con el PRD. Transportistas lo acusan de coyotaje para agilizar trámites y permisos.
Un frente de “exigencias”, pero con operadores políticos detrás
Los sindicatos involucrados —entre ellos SUTMEX, ANTAC, el Frente para el Rescate del Campo Mexicano, el Sindicato del Cemento y el MAC— concentraron la movilización bajo el discurso de la seguridad carretera y el abandono del campo.
Sin embargo, varios de sus líderes enfrentan investigaciones por obstrucción de vías, extorsión o actos que afectan a terceros. Algunos incluso han sido detenidos previamente. Esta combinación de demandas legítimas y dirigencias cuestionadas convirtió el 24N en un movimiento híbrido: una protesta social movilizada también por operadores con intereses electorales y capacidad de presión territorial.
¿Qué dicen las autoridades?
La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, desestimó que existan motivos reales para las movilizaciones de productores agrícolas y transportistas que paralizaron parte del país. Aseguró que sus demandas están siendo atendidas mediante mesas de diálogo y cientos de reuniones previas. Por eso, atribuyó los bloqueos a motivaciones políticas de líderes vinculados al PRI, PAN y PRD.
“Si no quieren llegar a acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política”, advirtió.
Rodríguez detalló que algunos dirigentes de los bloqueos en la zona centro del país cuentan con carpetas de investigación abiertas desde hace años. Están señalados por obstrucción de vías y actos que afectaron a la ciudadanía. Incluso, dijo, algunos de ellos han sido detenidos previamente.
La funcionaria señaló que no se descarta iniciar nuevas acciones legales por los bloqueos recientes. Enfatizó que no permitirán que este tipo de tácticas vuelva a paralizar la circulación.
El 24N deja ver una tensión estructural: el país enfrenta problemas reales en carreteras y en el campo, pero las movilizaciones suelen ser capitalizadas por liderazgos que mezclan representación gremial, filiación partidista y disputas de poder.
Las organizaciones involucradas tienen reclamos legítimos, pero operan también como intermediarios con capacidad de chantaje: movilizan bases, paralizan regiones y negocian desde una posición de fuerza. La existencia de mesas de diálogo ignoradas o deliberadamente desconocidas sugiere que la presión callejera no respondió únicamente a las demandas del sector, sino a objetivos políticos de cara a un nuevo ciclo electoral.
El megabloqueo evidenció, una vez más, que en el Edomex las protestas del transporte y del campo funcionan como moneda de negociación entre sindicatos y partidos. El Gobierno lo sabe: por eso insiste en que detrás de las consignas había una estrategia política. Y el movimiento también lo sabe: porque, pese a las mesas abiertas, eligió cerrar carreteras.
Síguenos