En el papel, el bosque otomí de San Francisco Magú, en Nicolás Romero, cuenta con un amparo federal que invalida cualquier intento de urbanización. En el territorio, la maquinaria pesada desgarra el suelo a plena luz del día.
El origen de un despojo con firma notarial
El conflicto que hoy enfrenta a la comunidad con el desarrollo inmobiliario no es reciente, sino parte de un proceso de despojo que se remonta a mediados del siglo pasado.
De acuerdo con una integrante de la Comisión en Defensa del Bosque y la Vida, el problema comenzó cuando una persona ajena a la comunidad tramitó escrituras notariales sin el consentimiento del pueblo.
«En 1952, una persona que no era de la comunidad tramitó escrituras de este predio a escondidas, llevando solo a algunos colindantes como testigos ante una notaría pública», relató a AD Noticias.
Según la Comisión, ese proceso ignoró el archivo histórico agrario de la comunidad y, con el paso de los años, permitió incorporar el territorio a esquemas de especulación financiera.
«Se crea un fideicomiso, dentro del fideicomiso figura Banca Mifel y una constructora que se llama Merket Construcciones», señalaron, e identificaron como apoderado legal a Jorge Flores González.
Vestigios, autonomía y usos y costumbres
Comprender la resistencia de Magú implica entender su estructura organizativa. La máxima autoridad no es el gobierno municipal, sino la asamblea comunitaria. Las propiedades internas no se rigen por el Registro Público de la Propiedad, sino por un sistema normativo basado en usos y costumbres.
Defender este polígono es también proteger un patrimonio inmemorial. El bosque no solo alberga flora y fauna, sino evidencia de ocupación ancestral.
«En esta zona hemos encontrado navajas y puntas de flecha de obsidiana, que hablan de una ocupación inmemorial», explicó la vocera.
El indigenismo institucional en disputa
La relación con las autoridades municipales ha estado marcada por tensiones. Durante la administración del expresidente municipal Armando Navarrete —actual diputado local—, la comunidad rechazó lo que considera intentos simbólicos de inclusión.
«Intentaron folclorizarnos invitándonos a entregar un bastón de mando en la toma de protesta, a lo cual nos opusimos», relató la vocera.
La ruptura se profundizó con la publicación del Plan de Desarrollo Urbano, donde gran parte del territorio de Magú fue clasificado como propiedad pública, lo que, según la comunidad, abre la puerta a procesos de urbanización sin consulta previa.
Agua y mujeres: la primera línea de defensa
La defensa del territorio tiene un eje vital: el agua. El bosque funciona como zona de recarga para los mantos acuíferos que abastecen a la comunidad. El pozo principal se ubica a menos de un kilómetro del área intervenida.
La gestión del agua recae en un comité autónomo con fuerte participación femenina.
«El comité de agua de Magú está integrado por cinco personas; tres de ellas, mujeres, garantizan el servicio día y noche», explicaron.
Han sido ellas quienes también han encabezado la resistencia en momentos críticos. Durante operativos estatales en 2015, formaron una valla humana para frenar el avance de fuerzas de seguridad. El resultado fue la criminalización de decenas de habitantes.
El actual Ayuntamiento: entre la respuesta institucional y la crisis territorial
En una reciente sesión de Cabildo, ante reportes de afectaciones ambientales en zonas como El Vidrio, Cahuacán y Transfiguración, integrantes del cuerpo edilicio solicitaron la intervención de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Por su parte, la presidenta municipal ha señalado que su administración está “tomando cartas en el asunto” y que mantiene diálogo con vecinos de la comunidad.
Los próximos días serán clave para determinar si estas acciones se traducen en medidas concretas o si el avance urbano continúa sobre territorio comunitario.
Para el pueblo otomí de San Francisco Magú, la postura es clara: su territorio, regido por usos y costumbres, no está en venta.
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