La crisis de desapariciones en México se expresa en dos niveles: mientras el gobierno federal mantiene mesas de diálogo con colectivos de búsqueda, en el Estado de México las familias denuncian falta de protección, omisiones institucionales y ausencia de autoridades en territorio.
Diálogo federal tras presión de colectivos
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR), tras un plantón de una semana frente a la dependencia.
En el encuentro participaron organizaciones de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Estado de México, que plantearon demandas como la liberación de presos políticos, justicia para activistas asesinados y atención a comunidades originarias.
El gobierno federal destacó la apertura al diálogo, mientras los colectivos advirtieron que darán seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
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Edomex: mesas sin autoridades clave
El panorama en el Estado de México es distinto. Integrantes del colectivo Lirios Buscadores señalaron que las mesas de trabajo locales no han contado con la presencia de autoridades clave.
“Ninguna de las reuniones ha contado con la presencia del fiscal”, denunciaron.
Con una nueva mesa programada, las familias enfrentan un historial de retrasos y falta de respuesta institucional.
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Búsquedas sin protección
El punto más crítico se presenta durante las labores de campo. El colectivo documentó el caso de una madre buscadora que realizó acciones para localizar a su hijo menor de edad sin acompañamiento institucional, pese a contar con antecedentes de amenazas.
De acuerdo con la organización:
- No se activaron protocolos de protección
- No hubo presencia de autoridades
- Se incumplió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
Los señalamientos incluyen a mandos de seguridad y personal de fiscalía por omisiones en la protección.
Datos que sostienen la crisis
Las denuncias se respaldan en cifras.
En Cuautitlán Izcalli se reportan más de 200 personas desaparecidas, reflejo de la magnitud del problema en la entidad.
Los colectivos advierten que estrategias como canalizar casos a espacios comunitarios no sustituyen las obligaciones legales del Estado en materia de búsqueda y protección.
Obligación legal incumplida
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada establece que todas las autoridades deben garantizar seguridad y acompañamiento a las familias.
En el Estado de México, denuncian, estas disposiciones no se cumplen de forma sistemática.
“Ni una madre más sola. Ni un desaparecido más sin buscar”, señalaron.
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