Basados en una serie de violaciones a derechos humanos, juristas integrantes de la asociación civil Abogados Progresistas del Estado de México anunciaron que asesorarán a las y los ciudadanos para que puedan ingresar amparos contra el tarifazo en el Estado de México y que, además, los acompañarán durante ese proceso legal.
Juan Carlos González Diaz, presidente de dicha asociación, explicó que el aumento al precio del transporte público se autorizó a pesar de que la medida violaba el artículo primero constitucional en el que se garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
González Díaz dijo que esta falta se reflejaba en el hecho de que el estudio técnico en el que se sustenta el ajuste tarifario solo toma en cuenta la perspectiva de los gastos de los transportistas. Sin embargo, continuó el abogado, carece de estudios socioeconómicos que hayan indagado en las posibilidades de la gente para destinar más recursos al gasto que representa el uso de transporte público.
Viridiana Danahi Rodea González, vocal de la asociación, expresó que el destinar más recursos para el transporte público merma el gasto que las personas destinan a cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, la salud “y por ende no se garantizan al 100% otros derechos”.
Además, Franciso Pedro Mancilla, integrante de la asociación, dijo que este tarifazo viola el derecho a la movilidad, que debe estar garantizado por el Estado. Mancilla también mencionó que con esta medida no genera pérdidas a los empresarios.
Los integrantes de Abogados Progresistas del Estado de México también invitaron a la ciudadanía a ingresar amparos a los Tribunales Federales; también mencionaron que asesorarán a la población que quiera llevar a cabo este proceso.
Mencionaron también que este jueves ingresaron el primer amparo de la Asociación al Juzgado de Distrito y Juicios Federales en el Estado de México.