La seguridad pública ha sido un tema tratado en este espacio por muchos años. Es normal, pues se trata de uno de los grandes pendientes en el país desde hace décadas. Que la gente viva segura, se sienta segura y no tema ser víctima de un delito es una de las principales responsabilidades del Estado. Organizar políticamente una nación tiene sentido cuando lo que de ahí emerge es una entidad por encima de los intereses particulares, la cual se encarga de dar reglas de convivencia, asegurar que se respeten y sancionar a quienes las rompan. Para lograr ello, se crean instituciones, cuya responsabilidad es cada una de esas tres dimensiones: las leyes, la vigilancia del orden y la impartición de justicia.
Cuando una o varias de estas dimensiones falla, la gente no solo pierde confianza, sino que genera una sensación de inseguridad, de indefensión, de vulnerabilidad. Todo ello repercute en la convivencia, en la calidad de vida, en las decisiones políticas y económicas de la población. Por esta razón, la “percepción de inseguridad” es un fenómeno que comenzó a estudiarse no hace mucho por parte de sociólogos, demógrafos, economistas, antropólogos y criminólogos.
El INEGI desarrolló, desde principios del presente siglo, algunos instrumentos demoscópicos para medir la percepción que tiene la población sobre la seguridad pública. Finalmente, en el año 2013 consolidó un ejercicio que se realizaría periódicamente para identificar qué tan segura o insegura se siente la gente en la ciudad donde habita. Se trata de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). La realiza cada tres meses y refleja los resultados correspondientes a 75 ciudades de todo el país, buscando conocer qué percepción tiene la gente sobre la seguridad pública en el lugar donde vive.
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En el año 2015, cuando apenas empezaban a volverse familiares estas mediciones, comentamos en este mismo espacio que “68% de los mexicanos que viven en las grandes ciudades sienten inseguridad por los delitos”. También reportamos que, de acuerdo al INEGI, había una expectativa creciente de que las cosas en materia de seguridad pública empeorarían. Y se agregaba en ese lejano 2015 que, al preguntarle a la gente cuáles conductas delictivas o antisociales ha presenciado o escuchado que se cometen en su entorno, las tres más nombradas fueron: el consumo de alcohol en las calles (73.2%), robos o asaltos (66.6%) y vandalismo (57.6%).
Luego, en el año 2016, también en este mismo espacio, volvimos al tema y destacamos que la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, ocupaba el sexto lugar nacional con 82.2% de las personas con sensación de inseguridad en su vida diaria, por detrás de entonces ciudades tan convulsas como Acapulco, Chilpancingo, Coatzacoalcos, Villahermosa y la Ciudad de México.
La reiterada medición hecha por el INEGI sobre este tema de la percepción de inseguridad mantenía una tendencia al alza, pasando de 66% en 2013 a 77% a inicios de 2018 y llegando a su punto más alto hacia finales de ese mismo año, por encima de 80%. Pero, ya de manera más reciente, en diciembre del 2022, volvimos a tocar el tema aquí, subrayando que se había alcanzado un mínimo histórico: 62% como promedio nacional. En aquel momento dijimos que, si en el país hay una tendencia a la baja en la percepción de inseguridad, tendría que tomarse como buenas noticias. Sin embargo, estar por arriba de la mitad de la población viviendo con temor a sufrir un delito sigue siendo muy alto.
La semana pasada, el INEGI volvió a dar el resultado trimestral de la ENSU y dos cosas resaltan: se mantuvo la tendencia a la baja y llegamos a un nuevo mínimo histórico: 59% como promedio nacional. Cierto que hay ciudades que siguen teniendo muy altos porcentajes, dos de ellas en nuestra entidad: Toluca (80.6%) y Ecatepec (88.7). De hecho, estas últimas se encuentran dentro de las diez que son percibidas como más inseguras de todo el país.
Como lo hemos dicho antes, estar por encima de 50% de percepción de inseguridad es algo no muy bueno. Tener una tendencia sostenida a la baja en los últimos cinco años es de reconocerse. El reto sigue siendo sostener la reducción en las tasas de percepción de inseguridad, pero eso no pasa solo por el estado de ánimo de la gente. Necesita verse correspondido con mejor actuación policial y de los sistemas de procuración e impartición de justicia.
Si bien lo que mide esta encuesta del INEGI es un tipo de respuesta emocional a la percepción de símbolos relacionados con el delito, el reto mayor está en los resultados efectivos de los aparatos de seguridad pública (en la dimensión preventiva), de las fiscalías (para investigar y perseguir los delitos) y de los jueces y tribunales (para impartir justicia).
Que la gente exprese temor a ser víctima de un delito está relacionado con qué tanto ha sido (ella o alguien cercano) víctima, si ha sido testigo de hechos delictivos en su entorno o qué tanta información ha recibido sobre actos de este tipo. Es decir, se trata de un fenómeno complejo, con distintas variables influyendo en la percepción de inseguridad. Los números son un indicador, pero miden, a final de cuentas, sentimientos sobre situaciones hipotéticas (¿qué tan probable estimo que podría ser víctima de la delincuencia?). Lo que hay que pedir a las autoridades es actuar en las situaciones concretas que vulneren la seguridad de las personas y sus bienes.
Es verdad que el propio INEGI ha resaltado que en estos últimos años disminuyeron delitos como el robo de automóviles, robo en la vía pública o a casa habitación, y ello podría explicar esta tendencia a la baja en la percepción de inseguridad. Sin embargo, han crecido otros delitos, como la extorsión. Sobre esos hechos concretos es en los que hay que actuar y, por añadidura, la percepción de inseguridad continuará a la baja, generando mejores condiciones para desarrollar la vida y la convivencia en nuestra sociedad.
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