El hallazgo de cámaras clandestinas instaladas en postes, árboles y estructuras urbanas en Ecatepec no es un hecho aislado, sino evidencia de una red de vigilancia paralela operada por grupos criminales que, desde al menos 2024, han ampliado su capacidad de monitoreo en distintas colonias del municipio. Lo que comenzó como reportes esporádicos derivó, entre 2025 y 2026, en el retiro de más de 200 dispositivos por parte de autoridades municipales, estatales y federales, quienes confirmaron que estos equipos no formaban parte de sistemas oficiales ni vecinales, sino que eran utilizados para seguir los movimientos de policías y anticipar operativos.
El fenómeno refleja una transformación en la operación del crimen organizado: del “halconeo” tradicional basado en vigilantes humanos, a un esquema tecnológico que permite supervisión constante y a distancia. De acuerdo con reportes oficiales, las cámaras estaban colocadas en puntos estratégicos para observar accesos, avenidas principales y zonas con presencia policial, lo que permitía a los grupos delictivos reaccionar en tiempo real ante cualquier despliegue de seguridad.
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Operativos permanentes y cifras acumuladas
La respuesta institucional ha consistido en operativos permanentes encabezados por la policía municipal, la Fiscalía del Estado de México y fuerzas federales, incluida la Secretaría de Marina. Tan solo en los últimos meses se han retirado decenas de equipos en colonias específicas; en el acumulado de la actual administración, la cifra asciende a 252 cámaras desmanteladas: 205 durante 2025 y 47 en lo que va de 2026.
Estos operativos no han sido aislados. Autoridades han confirmado que forman parte de despliegues permanentes para evitar que estos dispositivos, considerados “cámaras parásitas”, continúen siendo utilizados para monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad, lo que representa un riesgo directo para la operatividad institucional.
Sin embargo, los propios operativos han evidenciado que la infraestructura no es improvisada. A la par del retiro de cámaras, se ha identificado que los dispositivos operaban como parte de una red fragmentada bajo control de distintos grupos criminales con presencia en el municipio. Entre ellos figuran células vinculadas a La Chokiza, Los 300, Unión Tepito, así como facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, además de agrupaciones locales. En algunos casos, incluso, se ha logrado atribuir cámaras a grupos específicos, lo que confirma una distribución territorial del sistema de vigilancia ilegal.
El “mini C5”: centro de control clandestino
Esta estructura no solo replica el modelo institucional, sino que en ciertos puntos lo confronta. Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en 2025, cuando autoridades localizaron un centro de control clandestino que operaba como un “mini C5”, desde donde se concentraban imágenes de diversas cámaras instaladas en la vía pública. Este punto de monitoreo, ubicado en una bodega, evidenció que las cámaras no funcionaban de forma aislada, sino como parte de una red articulada con capacidad de vigilancia continua e incluso con posibles conexiones irregulares a sistemas oficiales.
La utilidad de estas cámaras se vincula directamente con delitos de alto impacto. De acuerdo con reportes oficiales, han sido empleadas para facilitar extorsiones, resguardar puntos de narcomenudeo, vigilar zonas de despojo de vivienda y mantener control territorial. En este contexto, la videovigilancia clandestina no funciona como un mecanismo de protección, sino como una herramienta para sostener actividades ilícitas y reducir riesgos para quienes las operan.
Geografía del control: colonias bajo vigilancia
Los operativos también han permitido ubicar patrones geográficos. Colonias como Franja Valle de México, Nicolás Bravo, CTM 14, Jardines de Santa Clara, Jardines de Casa Nueva y sectores de la Quinta Zona concentran buena parte de los dispositivos retirados, lo que coincide con áreas de alta incidencia delictiva y presencia de grupos organizados. La distribución de las cámaras, lejos de ser aleatoria, responde a corredores estratégicos de movilidad y control.
En cuanto a su operación, las autoridades han documentado sistemas con capacidad de transmisión en tiempo real, almacenamiento mediante grabadores y conexión a redes internas. La infraestructura incluye antenas, cableado, monitores y enlaces entre distintos puntos, lo que permite una vigilancia continua y coordinada. Este nivel de sofisticación refuerza la hipótesis de que no se trata de instalaciones improvisadas, sino de esquemas planeados y financiados.
Para su funcionamiento, los grupos han aprovechado infraestructura pública. Las cámaras han sido instaladas en postes de alumbrado, cableado eléctrico y estructuras urbanas sin autorización, además de fijarse en bardas, viviendas y otros puntos elevados. Este uso indebido de recursos urbanos no solo evidencia vacíos de control institucional, sino que permite a las redes criminales operar con bajo costo y alta cobertura.
Aunque prácticas similares han sido detectadas en otros municipios del Estado de México como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, el caso de Ecatepec destaca por su escala, la cantidad de dispositivos retirados, la diversidad de grupos involucrados y la confirmación de centros de monitoreo clandestinos. Más que un fenómeno aislado, se trata de un modelo de vigilancia criminal que ha logrado consolidarse en el territorio.
La disputa por el control del territorio
El desmantelamiento de estos espacios confirma que en Ecatepec no solo existe presencia de dispositivos ilegales, sino una estructura organizada que ha logrado instalar un sistema paralelo de inteligencia territorial. Mientras las autoridades retiran cámaras de postes y viviendas, el reto permanece en ubicar y desarticular los centros de operación que permiten su funcionamiento.
En este contexto, la proliferación de cámaras clandestinas expone una disputa silenciosa por el control del espacio público: de un lado, instituciones que buscan recuperar la vigilancia; del otro, grupos que han encontrado en la tecnología una herramienta para sostener su operación. El resultado es un territorio donde la seguridad no solo se juega en las calles, sino también en quién observa primero.
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