Esta nota fue publicada en septiembre de 2021
Los estudios actuariales encargados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) revelan que su déficit supera los 593 millones de pesos, debido al incremento de personas pensionadas y jubiladas, muy por arriba del crecimiento de trabajadores activos.
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De acuerdo con la investigación del Instituto de Estudios Legislativos (INESLE) del Congreso mexiquense, titulado “Sistema de pensiones en el Estado de México” el problema se tornará cada vez más difícil porque las proyecciones poblacionales indican un marcado aumento de la población de 65 años y más; mientras el número de personas en edad laboral decrece.
Tomando como base un estudio realizado por la empresa Farell Grupo Consultoría S.C., la cifra de pensionados crece en un 13.48 por ciento, la de los jubilados 10.07 por ciento y la de los trabajadores activos en apenas cuatro por ciento.
De hecho, la edad promedio de los trabajadores activos es de 42.35 años, la de los pensionados de 59.32 y la de los jubilados de 65.36 años de edad, en un Instituto que debe pagar puntualmente las pensiones de 60 mil personas.
Aunque en el país existen más de mil modelos, sistemas y esquemas de pensiones, cada uno con sus determinadas particularidades, desde tasas de cotización, tasas de reemplazo, incentivos, condiciones, reglas y beneficios, es un hecho que la seguridad social en México desde sus inicios no ofrece una cobertura universal, es decir, no es capaz de proteger a toda la población.
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Esto se torna más difícil si se revisa el comportamiento poblacional, en el que se espera que para 2050 la población total de México llegue a 148.2 millones de personas, con una edad media de 45 años, un ensanchamiento en el grupo de 65 años y más y un adelgazamiento de la población infantil.
“El aumento de la población de 65 años y más nos enfrenta a un panorama en el que será necesario garantizar una vejez digna para este sector de la población”, señala el estudio.
De acuerdo con el Centro de Investigación Presupuestaria (CIEP), en 2019 el gasto en pensiones en todo México fue el equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto. La estimación es que para el 2024 ascienda a 6.5 y siga creciendo paulatinamente.
Uno de los problemas que se observa en general, en todo el país, es que más de la mitad de las personas de 15 años y más no ha cotizado, es decir no aporta dinero para su pensión o retiro y 70 por ciento de los jóvenes no tiene acceso a seguridad social, por lo cual, en unas décadas el panorama será alarmante por la individualización de los fondos de retiro, y los millennials sufrirán al no poder acceder a una pensión y otros deberán pagar las pensiones de sus antecesores.
En la entidad 11.2 millones de mexiquenses, es decir 66.3 por ciento cuenta con seguridad social. De esta cifra 53.1 por ciento pertenecen al IMSS, 7.3 al ISSSTE, 3.2 al ISSSTE estatal, 1.3 a PEMEX, 30.6 por ciento al INSABI y el resto a otro tipo de institución.
Con las condiciones actuales será muy difícil que la población mayor pueda gozar los derechos que la ley enumera: desde disfrutar plenamente hasta recibir protección de instituciones públicas y privadas, estatales y municipales, pues no podrán tener acceso a la alimentación, bienes, servicios, condiciones físicas y materiales.
“La vejez mexiquense enfrenta un panorama complicado respecto a los recursos necesarios para pasar esta etapa de forma digna… por lo que se requiere de educación financiera y de la implementación de reformas que beneficien a los que ahora se encuentran pasando su vejez y a los que en algunas décadas se encontrarán en la misma situación”, refiere el estudio.
Reprobado y con más cuentas por cobrar
Mientras tanto, el ISSEMyM no logra el visto bueno de sus cuentas: en las dos últimas revisiones que ha hecho el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se han encontrado varias deficiencias y ahora están en espera del permiso para vender 22 terrenos ubicados en la Asunción, Metepec, para costear los gastos de este año, en especial el pago de pensiones.
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Los patrones, lejos de cumplir con el pago de las cuotas que retienen, siguen aumentando sus adeudos al Instituto, que lleva años sin poder recuperar el 100 por ciento de los pagos que el sector público estatal y municipal deben hacer mensualmente.
Tampoco tienen nueva ley para poder definir nuevas cuotas o sistema de ahorro. La Legislatura dejó el tema en manos del gobierno y el sindicato que desde enero de 2019 no se han puesto de acuerdo.
Tampoco se logró tipificar la retención de cuotas como un delito. Las dos iniciativas de ley se quedaron a dormir el sueño de los justos en la Legislatura pasada y nada impide que los ayuntamientos y entes estatales se atrasen. Solo en el caso de los ayuntamientos el tema está amarrado a la entrega de recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), pero las universidades y la policía bancaria no tienen presión alguna para cumplir con la ley.
A mediados del 2020 la cifra de servidores públicos que cotizaban era de 375 mil 12 servidores públicos, para atender a 877 mil 233 derechohabientes y tenía 69 mil personas jubiladas, además de 5 mil 258 solicitudes de jubilación pendientes de atender.