El secuestro de ocho ejidatarios en la sierra de Guerrero, de los cuales uno fue liberado y siete permanecen desaparecidos, ha extendido la preocupación hacia el sur del Estado de México, una región donde La Familia Michoacana mantiene antecedentes documentados de operaciones criminales, redes de extorsión y propiedades aseguradas por las autoridades.
La desaparición ocurrió el 24 de septiembre en las inmediaciones del ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Los pobladores atribuyen la privación de la libertad a integrantes de la organización encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como El Pez y El Fresa.
El caso ha provocado movilizaciones en Guerrero y una intensa circulación de publicaciones y videos en plataformas digitales. Una de las versiones sostiene que dirigentes de La Familia Michoacana abandonaron Arcelia para refugiarse en Tejupilco y Valle de Bravo, mientras los campesinos habrían sido trasladados a una casa de seguridad en Zacualpan.
La información no ha sido confirmada por las autoridades. Su difusión, sin embargo, ha colocado nuevamente bajo atención a una franja del territorio mexiquense donde las investigaciones oficiales han documentado la presencia de esa organización.
Los ocho campesinos y el menor liberado
Los ocho habitantes del ejido El Balcón fueron privados de la libertad mientras realizaban actividades vinculadas con el trabajo rural. Entre ellos había un menor de 12 años, un adolescente de 17 y un adulto mayor de 74.
Las personas identificadas son:
- Jordi Alberto Atanacio Vidal, 12 años. Liberado el 1 de octubre.
- Everardo León Atanacio, 17 años. Desaparecido.
- José Leodanis Medrano López, 24 años. Desaparecido.
- Eulises Medrano López, 26 años. Desaparecido.
- Isidro Brito Arriola, 32 años. Desaparecido.
- Domingo Atanacio Quirino, 50 años. Desaparecido.
- Fidel Quirino Atanacio, 54 años. Desaparecido.
- Nicolás Atanacio González, 74 años. Desaparecido.
El primero de octubre, Jordi Alberto recuperó su libertad. De acuerdo con testimonios difundidos por habitantes de la comunidad, el menor habría sido enviado por sus captores con una exigencia: permitir que La Familia Michoacana transitara libremente por la sierra y ejerciera control sobre el territorio a cambio de liberar a los otros siete.
La demanda, según esa versión, también estaría relacionada con el aprovechamiento de recursos forestales y el control de actividades económicas de las comunidades.
El video que acusa a los campesinos de pertenecer a Los Granados
El 8 de octubre comenzó a circular un video de cuatro minutos y 26 segundos en el que aparecen seis hombres retenidos, cinco de ellos sometidos a interrogatorio.
Durante la grabación, los captores los presentan como presuntos integrantes de Los Granados, organización criminal con presencia en la Costa Grande de Guerrero y rival de La Familia Michoacana.
Los hombres son interrogados sobre supuestos vínculos con dirigentes de ese grupo, actividades de producción y tráfico de drogas, manejo de armas y participación en operaciones delictivas.
Las declaraciones fueron realizadas mientras permanecían privados de la libertad. No existe evidencia pública que permita considerarlas voluntarias ni corroborar las acusaciones.
Los habitantes del ejido El Balcón rechazaron los señalamientos y denunciaron inconsistencias en el contenido del video, particularmente en las declaraciones y la vestimenta de los campesinos.
La grabación tampoco permite establecer cuándo fue realizada ni dónde se encuentran actualmente las víctimas.
Las acusaciones de los captores no constituyen pruebas de que los ejidatarios pertenezcan a una organización criminal o participen en la producción de drogas.
La sierra de Guerrero se moviliza
La desaparición provocó una respuesta colectiva en las comunidades de la Costa Grande y Tierra Caliente.
El 2 de octubre, aproximadamente dos mil habitantes de unas 50 comunidades participaron en movilizaciones en Tecpan de Galeana y localidades cercanas. Campesinos, transportistas y familiares salieron con tractores, motocicletas, cuatrimotos, caballos y vehículos de trabajo para exigir la aparición de los secuestrados.
Vestidos de blanco y con fotografías de las víctimas, los manifestantes reclamaron la intervención de las autoridades federales y estatales.
Las protestas también alcanzaron Atoyac de Álvarez y San Jerónimo. Las organizaciones comunitarias denunciaron amenazas, extorsiones, robo de ganado y presiones de grupos criminales sobre sus actividades productivas.
La inconformidad no se limita a la desaparición de los siete campesinos. Los pobladores denuncian una disputa por el control de caminos, bosques y territorios donde desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, encabezado por el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, ha acompañado a las familias y proporcionado información a las autoridades sobre posibles lugares de cautiverio.
El Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Iguala, ordenó la búsqueda inmediata de los desaparecidos bajo presunción de vida.
La Fiscalía de Guerrero abrió una investigación y anunció una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que permita localizarlos.
La pista hacia el Estado de México
La posible conexión mexiquense apareció en publicaciones digitales que señalan a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, y a Johnny Hurtado Hernández, El Tarzán, como presuntos participantes en los hechos.
Una de esas versiones sostiene que ambos habrían salido de Arcelia hacia Tejupilco y Valle de Bravo, mientras una mujer identificada como La China habría quedado a cargo de los campesinos y posteriormente los habría trasladado a Zacualpan.
La publicación no identifica a sus informantes ni aporta documentos, testimonios directos o evidencia verificable.
Existe, además, una versión diferente. El sacerdote José Filiberto Velázquez declaró que, de acuerdo con información proporcionada por familiares, los desaparecidos podrían permanecer en territorio de Guerrero.
Ninguna de las dos versiones permite establecer su paradero.
Lo que sí está documentado es la presencia histórica de La Familia Michoacana en el sur mexiquense y su capacidad para desarrollar operaciones criminales en ambos lados de la frontera estatal.
Los 21 inmuebles asegurados a la estructura criminal
El 28 de marzo de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desplegó la Operación Bastión, mediante la cual aseguró 21 inmuebles presuntamente relacionados con La Familia Michoacana.
Las propiedades estaban distribuidas en seis municipios:
| Municipio | Inmuebles asegurados |
|---|---|
| Sultepec | 7 |
| Amatepec | 6 |
| Luvianos | 3 |
| Tlatlaya | 3 |
| Tejupilco | 1 |
| Temascaltepec | 1 |
| Total | 21 |
Entre los inmuebles intervenidos había ranchos, fincas, residencias y otras instalaciones que, según las investigaciones ministeriales, habrían sido utilizadas para actividades criminales, vigilancia, almacenamiento y retención de víctimas.
Algunas propiedades estaban registradas a nombre de personas investigadas como posibles prestanombres.
Los aseguramientos no significan que todos los inmuebles hayan sido decomisados definitivamente. Su situación jurídica actual depende de los procedimientos correspondientes.
La operación evidenció una estructura patrimonial y logística que iba más allá de los municipios fronterizos con Guerrero.
Meses después, durante la Operación Liberación, las autoridades intervinieron establecimientos comerciales y redes presuntamente utilizadas para imponer precios, controlar la distribución de mercancías y extorsionar a comerciantes y productores.
La investigación alcanzó actividades relacionadas con materiales de construcción, alimentos y transporte en distintos municipios del sur mexiquense.
Seguridad reforzada en medio de la crisis
El 6 de octubre, doce días después del secuestro, el gobierno del Estado de México informó sobre acciones de fortalecimiento de la seguridad en la región sur.
Durante una Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en Donato Guerra, las autoridades revisaron los resultados del Operativo Otomí, un dispositivo que contempla patrullajes, inspecciones, revisiones e investigaciones en zonas prioritarias.
Ese mismo día, la gobernadora anunció la construcción de un cuartel de la Policía Estatal en Texcapilla, Texcaltitlán, con capacidad proyectada para 500 elementos.
También se informó sobre el fortalecimiento institucional de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, mediante personal adicional, brigadas y capacidades especializadas.
Estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad más amplia. No existe información pública que permita afirmar que fueron activadas específicamente por el secuestro de los campesinos de Guerrero.
El primero de octubre también se celebró una reunión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 19, con participación de autoridades de Luvianos, Tejupilco, Amatepec y Tlatlaya.
No se ha documentado públicamente si durante esa sesión se abordó la desaparición de los ejidatarios o las versiones sobre movimientos de dirigentes criminales hacia territorio mexiquense.
Sin pronunciamiento público de las autoridades mexiquenses
Pese a los antecedentes de La Familia Michoacana en el sur del Estado de México y a la difusión de versiones que involucran municipios de la entidad, hasta el corte de esta investigación no se localizó un pronunciamiento público específico de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad o la Comisión de Búsqueda mexiquenses sobre los siete campesinos desaparecidos.
La ausencia de información pública no demuestra que las instituciones hayan permanecido inactivas. Tampoco permite establecer si recibieron solicitudes de colaboración, realizaron diligencias o intercambiaron información con las autoridades de Guerrero.
Las preguntas pendientes son concretas: si existe una investigación sobre el posible traslado de las víctimas, si se han realizado búsquedas en territorio mexiquense y si las autoridades han verificado los señalamientos sobre Zacualpan, Tejupilco y Valle de Bravo.
La desaparición también vuelve pertinente conocer qué ocurrió con la estructura criminal investigada durante las operaciones Bastión y Liberación, qué propiedades permanecen aseguradas y cuáles son los resultados judiciales de ambos dispositivos.
La tensión de una frontera compartida
La movilización de las comunidades de Guerrero, los videos difundidos por los captores y las versiones sobre posibles desplazamientos hacia el Estado de México han colocado nuevamente a Tierra Caliente en el centro de la discusión sobre seguridad.
En Guerrero, las protestas están documentadas. Del lado mexiquense, las publicaciones regionales y los antecedentes de operaciones criminales justifican una investigación sobre la situación actual de Zacualpan, Tejupilco, Luvianos, Amatepec y Valle de Bravo, aunque todavía no existen elementos suficientes para acreditar una alerta social generalizada provocada específicamente por este secuestro.
La Familia Michoacana ha sido objeto de investigaciones y operativos en ambos estados. Sus estructuras económicas, patrimoniales y territoriales no se explican exclusivamente desde una entidad.
Han pasado 17 días desde la desaparición de los ocho campesinos. Uno volvió con su familia. Los otros siete siguen sin ser localizados.
La frontera entre Guerrero y el Estado de México divide competencias administrativas, pero no necesariamente las operaciones criminales. La coordinación entre autoridades debe responder a esa realidad.
El paradero de los campesinos continúa sin esclarecerse. También permanece sin respuesta pública la posible conexión mexiquense de su desaparición.
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