La noche del 5 de septiembre, las personas reunidas junto a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz esperaban que terminara la ceremonia religiosa. Era la víspera de la fiesta patronal de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo. Según los testimonios recogidos por AD Noticias, todavía faltaba la bendición del sacerdote para continuar con las actividades. La quema de pirotecnia no había comenzado.
Entonces ocurrió el estallido.
La explosión alcanzó el material pirotécnico almacenado en un espacio contiguo al templo. Parte de la construcción cayó y varias personas quedaron entre los escombros. Llegaron ambulancias, bomberos y rescatistas de municipios vecinos. Los asistentes buscaban a sus familiares mientras los heridos eran trasladados a hospitales de la región y del Valle de Toluca.
Durante los días siguientes, Santa María Canchesdá apareció en los reportes de emergencia, las actualizaciones hospitalarias y las noticias sobre los funerales. El saldo llegó a 11 personas fallecidas. Después se informó de la cancelación de las fiestas patrias y del traslado de una niña quemada a Estados Unidos. La cobertura perdió continuidad, aunque la pregunta surgida aquella noche permanece: ¿qué inició la explosión?
En la información pública revisada para este seguimiento no aparece una conclusión pericial difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que establezca el origen del estallido. Tampoco una explicación definitiva sobre las condiciones del depósito, las autorizaciones existentes o las responsabilidades por el resguardo del material. La ausencia de resultados públicos no permite afirmar que la investigación esté detenida, pero impide conocer qué ha logrado esclarecer.
AD Noticias acudió a Canchesdá durante los primeros días. En las viviendas había cristales rotos, tejas y otras estructuras dañadas. Una vecina contó que sintió el estallido dentro de su casa; después se cortó la energía y escuchó gritos. Afuera, las personas corrían en busca de quienes habían acudido a la celebración.
Los habitantes entrevistados coincidían en que la quema de pirotecnia todavía no comenzaba. Algunos rechazaron las versiones que atribuían el inicio del siniestro a un cohetón o a la quema de un “torito”: aseguraron que la ceremonia religiosa seguía en curso y que las actividades posteriores aún no arrancaban.
María, cuya sobrina murió en el lugar, relató que personas encargadas de la organización estaban sacando mesas de la pequeña bodega para la convivencia cuando ocurrió la explosión. Otros vecinos señalaron que la planta de luz utilizada para el evento estaba apagada. Esas declaraciones permiten reconstruir lo que los asistentes observaron y deben contrastarse con los indicios recuperados por los peritos.
El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia confirmó que había material pirotécnico activo en el espacio contiguo al templo. Tras el desastre recomendó retirar e inactivar el producto restante mediante personal especializado, para reducir el riesgo durante las labores de emergencia. La presencia de explosivos quedó documentada; determinar qué los encendió requiere una explicación técnica.
En los primeros días, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, mencionó como hipótesis un posible cortocircuito relacionado con un dispositivo eléctrico dentro de la bodega. Describió el sitio como un espacio pequeño y sin ventilación. Esa explicación preliminar no equivale a un dictamen sobre la causa.
La investigación debe establecer el punto de ignición y la secuencia del estallido, pero también reconstruir lo ocurrido antes de la fiesta: quién llevó la pirotecnia, quién decidió almacenarla junto al templo, cuánto material había y qué medidas de seguridad se adoptaron para una celebración que reuniría a habitantes de la comunidad y de localidades cercanas.
Duarte informó en septiembre que Protección Civil estatal no había sido notificada del festejo. También señaló que, conforme a la información disponible para el gobierno mexiquense, no existía una licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para comercializar la pirotecnia. El expediente debe precisar las autorizaciones relacionadas con su transporte, almacenamiento y uso, además de las actuaciones de organizadores y autoridades.
Esos documentos permitirían saber quién conocía la existencia del depósito, si hubo inspecciones y qué condiciones se observaron. También ayudarían a determinar si alguien advirtió un riesgo y qué decisiones tomó antes de que las personas se reunieran junto al templo.
Mientras esas preguntas se abrían, las cifras de la emergencia cambiaban. Los primeros balances fueron provisionales. Posteriormente, AD documentó el fallecimiento de una persona internada en el Hospital General de Atlacomulco, con lo que el saldo llegó a 11 muertos. El registro de 82 personas atendidas por instituciones de salud corresponde a la atención médica acumulada; no debe sumarse automáticamente a los fallecidos como si se tratara de grupos separados.
Los pacientes fueron distribuidos entre hospitales de Temascalcingo, Atlacomulco, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso y Toluca. Entre los lesionados estuvieron los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, reportados fuera de peligro por la Diócesis de Atlacomulco.
Una de las historias que mantuvo el caso en las noticias fue la de Ximena, de 12 años. Recibió atención inicial en Atlacomulco y después fue trasladada al Hospital General de Toluca Dr. Nicolás San Juan. La Fundación Michou y Mau informó que tenía quemaduras en 55 por ciento del cuerpo y que el 10 de septiembre fue llevada al Hospital Shriners para Niños de Galveston, Texas.
El 18 de septiembre, la fundación reportó que había sido extubada, comenzaba a ingerir alimentos y recibía cirugías de injertos de piel. Fue una noticia favorable dentro de la tragedia. Ese informe describe su evolución en aquella fecha; conocer cómo ha continuado su recuperación exige una actualización médica.
El Ayuntamiento de Temascalcingo, encabezado por Verónica Moreno Martínez, canceló las celebraciones del 15 y 16 de septiembre por respeto y solidaridad con las víctimas. Para entonces, algunas familias habían regresado de los funerales y otras permanecían pendientes de quienes seguían hospitalizados.
Más de un mes después, la información sobre la emergencia necesita continuidad: avances de la investigación, evolución de los lesionados, apoyos entregados y reparación de los daños. Los balances de septiembre permiten reconstruir los primeros días, pero no explican qué ha ocurrido desde entonces.
Otros hechos ocuparon la atención pública. En Canchesdá quedó pendiente conocer cómo una celebración religiosa terminó con 11 vidas perdidas y quién debe responder por lo ocurrido. Que la tragedia deje de ser noticia no significa que esté esclarecida. Las familias siguen necesitando respuestas, y la próxima celebración necesita condiciones de seguridad que aquella noche no bastaron para protegerlas.
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