El diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena) presentó una iniciativa para garantizar la integridad y seguridad de docentes en el Estado de México. Propone sanciones de hasta 12 años de cárcel a quienes los extorsionen, agredan, difamen o no los auxilien en situaciones de riesgo.
El proyecto plantea reformas a la Constitución, el Código Penal y las leyes de Educación y de Responsabilidades Administrativas. Busca que el Estado proteja a maestras y maestros y les garantice acceso a mecanismos legales eficaces contra amenazas, intimidación o violencia.
Sanciones principales
- Extorsión a docentes: 8 a 12 años de cárcel y multas de mil a mil 500 días UMA.
- Lesiones graves: hasta 6 años de prisión y multa de 375 UMA (42,427 pesos).
- Lesiones simples: 4 años de cárcel.
- Lesiones de estudiantes o familias: hasta 5 años y 4 meses de prisión.
- Acusaciones falsas: hasta 6 años de cárcel y multa de 300 UMA (33,942 pesos), con reparación integral del daño si hay consecuencias laborales o psicológicas.
- Omisión de auxilio: de 3 a 6 meses de prisión y 60 días de multa (6,788 pesos). La sanción aumenta si la omisión deriva en un crimen.
La reforma obliga a madres, padres y tutores a respetar a docentes y personal de apoyo, y a autoridades educativas, de seguridad y justicia a diseñar protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia en escuelas.
También se considerará obstrucción de la justicia si directivos escolares omiten atender denuncias de violencia, acoso, difamación o extorsión contra personal docente.
El legislador, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso mexiquense, subrayó que la extorsión y la difamación —amplificadas en redes sociales— son los delitos más frecuentes contra maestras y maestros, y que requieren una respuesta legal más contundente.
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