Durante casi cinco años, los comerciantes de materiales de construcción en Valle de Bravo han vivido bajo el control de una red del crimen organizado que imponía precios, rutas y condiciones de venta. La extorsión no era nueva, pero tomó un cariz sistemático desde 2020, cuando, según uno de los dueños afectados, comenzaron a operar dos empresas bajo las órdenes de un grupo criminal que trasladaba los pagos a Luvianos.
“Esto no empezó con la Operación Liberación”, dice el comerciante entrevistado por AD Noticias, que por seguridad pidió mantener el anonimato. “Empezó en 2020. Desde entonces controlaban todo”.
¿Quiénes eran los que controlaban el mercado?
De acuerdo con el testimonio, se trataba de dos empresas: Materiales Arriaga, ubicada en la zona del Arco, y Materiales Jimex, en la comunidad de El Fresno. “Eran las únicas dos. Y uno tenía que comprarles a ellos”, explica el entrevistado.
Cuando se le pregunta si él también se vio obligado a hacerlo, responde:
—Sí, y bastante.
—¿Cuánto aumentaban los precios?
—El triple. Por ejemplo, si antes un bulto de cemento costaba 100 pesos, ellos lo vendían hasta en 280. Lo daban en 180, pero nosotros teníamos que venderlo al público en casi 300 para que saliera”.
¿Desde cuándo comenzó este control?
“Desde 2020. Ya llevan casi cinco años. Al principio fue más violento: hubo levantones, amenazas, incluso a varios compañeros les cobraban multas. Hubo un camionero que mataron. Así empezó todo”.
También hubo ataques y represalias contra quienes se resistieron. “Una compañía grande, Acero Selargo, decidió cerrar. No quisieron meterse con ellos. Cada semana tenían que ir hasta Luvianos a dejarles el diezmo. Era un riesgo”.
¿Cómo se trasladaba el dinero?
“Nosotros no pagábamos directamente. Al comprarles, ya venía incluida la cuota. Era como si el IVA ya viniera incluido. Pero ellos sí trasladaban el dinero hacia allá (Luvianos)”, dice.
El comerciante detalla que el dinero recaudado en Valle de Bravo iba hacia Luvianos, donde “lo recibía la misma gente”. Las rutas estaban controladas, no podían entrar camiones externos, y los proveedores eran limitados. “No podías traer camiones de fuera, como de Toluca o Zinacantepec. Los detenían antes. Te decían: tú solo puedes comprarle a Fulano o Sutano”.
¿Qué pasaba con quienes se resistían?
El entrevistado recuerda que varios intentaron hacer denuncias. Algunas se presentaron ante la Fiscalía del Estado de México en Valle de Bravo; otras, en Toluca. “Unos hasta buscaron a políticos, a ver si alguien les echaba la mano. Pero no pasaba nada. Las denuncias tienen años, y apenas hicieron presencia”.
En algunos casos, incluso hubo represalias. “Hubo una quema en Villa Victoria, otra en Donato Guerra. Así nos fueron amedrentando. A algunos compañeros los asaltaron. Ya sabían quiénes iban, les daban el pitazo. Y cuando reclamaban, la respuesta era: ‘a mí no me importa’”.
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¿Qué papel tuvo el Ayuntamiento?
Según el testigo, el gobierno municipal también fue alertado. “Se notificó al Ayuntamiento. Pero tardaron mucho. Hasta apenas cumplimentaron las denuncias. Por eso digo que no sé si fue por presión del gobierno de Estados Unidos. Porque aquí ya había denuncias desde hace años”.
Actualmente, con la reciente detención de Eli “N” —presunto jefe de este grupo criminal y propietario de Materiales Jimex— el entrevistado se muestra escéptico, pero también esperanzado. “Ojalá esto siga. Lo importante es que ahora sí hagan caso a las denuncias. Pero mientras no haya un administrador en las minas de arena y grava, no hay garantía. Ahorita no podemos acceder. Están custodiadas, pero no hay orden”.
¿Cómo afectó esto al comercio local?
“Hubo una etapa al principio donde bajaron mucho las ventas. Pero la gente necesitaba construir. Se aguantaba. Había lapsos de hasta tres meses donde solo ahorraban para comprar lo básico”.
El precio del viaje de arena, que antes costaba 800 pesos en mina, se elevó a más de 3,400 pesos. “Nosotros lo dábamos en 1,500, 1,600, dependiendo la zona. Con ellos subió más del doble. En zonas lejanas, como Ixtla, era peor”.
¿Se normalizó la extorsión?
“Sí, con el tiempo uno se acostumbra. Ya desde 2021, los arquitectos sabían qué empresa era la ‘oficial’. Ya sabían con quién contratar. Uno se adaptaba. Era la única forma de trabajar sin que te pasara algo”.
Hoy, tras la intervención de las fuerzas federales y estatales el 21 de julio —en lo que el secretario Omar García Harfuch calificó como “el operativo más grande contra la extorsión en México”— las rutas comienzan a abrirse. Pero el miedo, la desconfianza y la falta de certeza siguen ahí.
“Ahora intentamos comprar en Toluca. Pero hay proveedores que todavía no quieren pasar por Valle de Bravo. Les decimos que ya no hay sindicato, que ya está libre… pero no se arriesgan. Aún no saben qué va a pasar”.
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“Esto no empezó con la Operación Liberación”, dice el comerciante entrevistado, que por seguridad pidió mantener el anonimato. “Empezó en 2020. Desde entonces controlaban todo”.
¿Quiénes eran los que controlaban el mercado?
De acuerdo con el testimonio, se trataba de dos empresas: Materiales Arriaga, ubicada en la zona del Arco, y Materiales Jimex, en la comunidad de El Fresno. “Eran las únicas dos. Y uno tenía que comprarles a ellos”, explica el entrevistado.
Cuando se le pregunta si él también se vio obligado a hacerlo, responde:
—Sí, y bastante.
—¿Cuánto aumentaban los precios?
—El triple. Por ejemplo, si antes un bulto de cemento costaba 100 pesos, ellos lo vendían hasta en 280. Lo daban en 180, pero nosotros teníamos que venderlo al público en casi 300 para que saliera”.
¿Desde cuándo comenzó este control?
“Desde 2020. Ya llevan casi cinco años. Al principio fue más violento: hubo levantones, amenazas, incluso a varios compañeros les cobraban multas. Hubo un camionero que mataron. Así empezó todo”.
También hubo ataques y represalias contra quienes se resistieron. “Una compañía grande, Acero Selargo, decidió cerrar. No quisieron meterse con ellos. Cada semana tenían que ir hasta Luvianos a dejarles el diezmo. Era un riesgo”.
¿Cómo se trasladaba el dinero?
“Nosotros no pagábamos directamente. Al comprarles, ya venía incluida la cuota. Era como si el IVA ya viniera incluido. Pero ellos sí trasladaban el dinero hacia allá”, dice.
El comerciante detalla que el dinero recaudado en Valle de Bravo iba hacia Luvianos, donde “lo recibía la misma gente”. Las rutas estaban controladas, no podían entrar camiones externos, y los proveedores eran limitados. “No podías traer camiones de fuera. Los detenían antes. Te decían: tú solo puedes comprarle a Fulano o Sutano”.
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¿Qué pasaba con quienes se resistían?
El entrevistado recuerda que varios intentaron hacer denuncias. Algunas se presentaron ante la Fiscalía del Estado de México en Valle de Bravo; otras, en Toluca. “Unos hasta buscaron a políticos, a ver si alguien les echaba la mano. Pero no pasaba nada. Las denuncias tienen años, y apenas hicieron presencia”.
En algunos casos, incluso hubo represalias. “Hubo una quema en Villa Victoria, otra en Donato Guerra. Así nos fueron amedrentando. A algunos compañeros los asaltaron. Ya sabían quiénes iban, les daban el pitazo. Y cuando reclamaban, la respuesta era: ‘a mí no me importa’”.
¿Qué papel tuvo el Ayuntamiento?
Según el testigo, el gobierno municipal también fue alertado. “Se notificó al Ayuntamiento. Pero tardaron mucho. Hasta apenas cumplimentaron las denuncias. Por eso digo que no sé si fue por presión del gobierno de Estados Unidos, por lo de Donald Trump con los cárteles. Porque aquí ya había denuncias desde hace años”.
Actualmente, con la reciente detención de Eli “N” —presunto jefe de este grupo criminal y propietario de Materiales Jimex— el entrevistado se muestra escéptico, pero también esperanzado. “Ojalá esto siga. Lo importante es que ahora sí hagan caso a las denuncias. Pero mientras no haya un administrador en las minas de arena y grava, no hay garantía. Ahorita no podemos acceder. Están custodiadas, pero no hay orden”.
¿Cómo afectó esto al comercio local?
“Hubo una etapa al principio donde bajaron mucho las ventas. Pero la gente necesitaba construir. Se aguantaba. Había lapsos de hasta tres meses donde solo ahorraban para comprar lo básico”.
El precio del viaje de arena, que antes costaba 800 pesos en mina, se elevó a más de tres mil 400 pesos. “Nosotros lo dábamos en mil 500, mil 600, dependiendo la zona. Con ellos subió más del doble. En zonas lejanas, como Ixtla, era peor”.
¿Se normalizó la extorsión?
“Sí, con el tiempo uno se acostumbra. Ya desde 2021, los arquitectos sabían qué empresa era la ‘oficial’. Ya sabían con quién contratar. Uno se adaptaba. Era la única forma de trabajar sin que te pasara algo”.
Hoy, tras la intervención de las fuerzas federales y estatales el 21 de julio —en lo que el secretario Omar García Harfuch calificó como “el operativo más grande contra la extorsión en México”— las rutas comienzan a abrirse. Pero el miedo, la desconfianza y la falta de certeza siguen ahí.
“Ahora intentamos comprar en Toluca. Pero hay proveedores que todavía no quieren pasar por Valle de Bravo. Les decimos que ya no hay sindicato, que ya está libre… pero no se arriesgan. Aún no saben qué va a pasar”.
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