Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Una jueza había ordenado su absolución tras concluir que el caso en su contra por homicidio estaba sostenido en un testimonio falso. Había pasado un año en el penal de Barrientos.
Pero no salió libre.
Apenas cruzó los filtros de seguridad, fue detenida nuevamente.
Una detención que comenzó con un engaño
Alondra Isabel Hernández Estrada tenía 23 años. Era egresada de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y trabajaba en el sector logístico. No tenía antecedentes penales.
El 3 de marzo de 2025 recibió una llamada.
Le ofrecieron una tarjeta de apoyo de programas sociales. Le pidieron presentarse con copias de su INE en un punto cercano al Banco del Bienestar, en Atizapán de Zaragoza.
Ahí la esperaban.
No había apoyo.
Había una orden de aprehensión por homicidio.
Un caso que se derrumbo
Durante un año, Alondra permaneció en prisión.
La acusación central: haber facilitado el arma en un homicidio.
Pero el caso no resistió.
El testigo clave resultó ser falso.
Era un abogado recluido en el penal de Chiconautla por otros delitos. Declaró por videollamada y negó conocer los hechos.
“Yo no sé nada”, dijo.
La jueza no solo absolvió a Alondra. También reprochó al Ministerio Público por la debilidad del caso.
La libertad que duro minutos
La absolución no significó libertad.
A las 8:30 de la noche, afuera del penal, una camioneta sin identificación la interceptó. Fue trasladada nuevamente, primero a la Fiscalía de Homicidios y después a galeras en Atizapán.
Nueva acusación: cohecho.
Duró 48 horas.
El juez ordenó su liberación por falta de sustento.
Pero no fue el final.
Un ciclo de imputaciones
En menos de 12 horas, surgió un nuevo delito: resistencia.
La versión oficial ubica la detención en la vía pública.
La familia lo niega: asegura que nunca salió realmente del entorno de custodia.
Días después, el 6 de marzo de 2026, se repitió el patrón.
Nueva orden de aprehensión.
Mismo delito: homicidio.
Misma narrativa: “haber pasado el arma”.
La persona señalada como autor material tampoco fue vinculada a proceso.
Un caso que se reconstruye
La nueva acusación se sostiene en otro testigo protegido, cuya declaración fue presentada meses después de los hechos.
La defensa cuestiona la temporalidad y consistencia de esa prueba.
Aun así, un juez determinó vincularla a proceso.
El costo del encierro
Alondra permanece en prisión.
Su madre, Erica Estrada, sostiene que el caso responde a una fabricación de delitos y denuncia que ha tenido que pagar dinero para evitar represalias dentro del penal.
“Mi hija es víctima de una injusticia”, afirma.
Lo que queda
El caso no solo plantea dudas sobre una detención.
Plantea preguntas sobre el proceso completo:
- una acusación que se derrumba
- una absolución que no se traduce en libertad
- nuevas imputaciones que repiten la estructura
En ese encadenamiento, la justicia deja de ser un punto de llegada.
Y se convierte en un circuito.
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