A casi dos años del homicidio de Patricio Illescas Campanella, ocurrido en septiembre de 2023, el caso entra en una etapa crucial. El próximo martes 2 de septiembre, a las 14:00 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento de los Juzgados de Tlalnepantla, se celebrará la audiencia de alegatos finales, donde la jueza Lourdes Castillo Cañas dará a conocer su resolución.
Una noche que terminó en tragedia
El 9 de septiembre de 2023, Patricio Illescas, de 20 años, salió de un bar en Lomas de Chapultepec junto a quienes consideraba sus amigos. Minutos después fue agredido con violencia, lo que le provocó una fractura occipital y un traumatismo craneoencefálico que resultó mortal.
La necropsia confirmó que murió por hematoma epidural y hemorragia subaracnoidea. En lugar de recibir atención médica, fue trasladado inconsciente hasta su casa, bajo la versión de que estaba ebrio.
Irregularidades en el proceso
Durante los primeros meses, la familia Illescas enfrentó obstáculos institucionales: ausencia de asesoría jurídica por siete meses, falta de notificación en audiencias clave y cambios en medidas cautelares sin previo aviso.
Con el respaldo de los abogados José Luis Nassar Peters e Isabel Esteve Gómez Mont, lograron revertir decisiones cuestionadas y encaminar el caso hacia juicio.
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Juicio en marcha y acusados pendientes
El 19 de agosto de 2025 comenzó el juicio contra uno de los señalados como responsable. Sin embargo, otro de los acusados continúa prófugo, pese a contar con orden de aprehensión desde octubre de 2023.
El fallo se acerca
El próximo martes será determinante. Tras la exposición de alegatos, la jueza Lourdes Castillo Cañas dará su resolución sobre el caso en el que se acusa a los implicados de homicidio calificado.
La exigencia de justicia
Los padres de Patricio, Paola y Juan Carlos Illescas, han reiterado su petición:
“Queremos que la muerte de nuestro hijo no quede impune. No buscamos venganza, solo justicia conforme a derecho, con una sentencia ejemplar que siente un precedente”.
También solicitaron el acompañamiento institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Visitaduría Penal y de las autoridades del Poder Judicial mexiquense, para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin vulnerar sus derechos constitucionales.
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