El caso contra Raymundo Martínez ha sido una farsa desde el inicio

El sistema mexiquense de justicia, una aberración, un despropósito
marzo 28, 2024

El caso contra Raymundo Martínez ha sido una farsa desde el inicio. El sistema mexiquense de justicia, una aberración, un despropósito. La batería de delitos de que le acusa es larga: secuestro exprés, abuso de autoridad, abuso de poder, uso indebido de la fuerza pública, despojo, violencia familiar, allanamiento y daño a propiedad ajena, de los que logró sustraerse de la acción legal fugándose. Aun así, un juez anónimo consideró que puede seguir su proceso en libertad. Realmente de locos. Peor el silencio, la pasividad de la Fiscalía o la indiferencia del nuevo gobierno frente a un hecho que hasta para un neófito en derecho resulta inexplicable.

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La Fiscalía tiene la obligación legal y ética de apelar la resolución del juez —o jueza— que el Poder Judicial cubre, protege con el anonimato. Por su puesto que Raymundo, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a la inocencia, pero su liberación provisional es típico de justicia selectiva. Si así actuaran consistentemente los jueces, deberían estar afuera de prisión más de 10 mil personas injustamente presas.

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Ricardo Sodi es igual o peor que Norma Piña. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México es una réplica mucho menor, por cierto, del Consejo de la Judicatura Federal. La urgencia de una reforma al aparato de administración de justicia es obvia.

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De pena ajena el papelón que ha hecho el fiscal José Luis Cervantes. De principio a fin ha sido una historia de pastelazos. El caso que armó contra el depuesto alcalde de Toluca fue hecho, por lo que se ve, sobre las rodillas. La duda está si ha sido así por incapacidad o contubernio. Si continúa cayéndosele el asunto, deberá irse, la procuración de justicia en el Estado de México no podría seguir en manos de un ministerio público tan ineficaz.

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Lamentabilísima también la indiferencia, al menos hasta el momento, del nuevo gobierno de la 4T que llegó con la promesa de cambio. Su silencio es ominoso, decepcionante. La gobernadora debería decir algo u ordenar que lo haga su secretario general de Gobierno, mínimamente el Consejero Jurídico, Jesús George Zamora. Montarse en el sabadazo es caminar sobre las huellas de sus antecesores.      

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