La denuncia de una probable ejecución sumaria de 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, revelaría “la existencia de escuadrones de la muerte oficiales prohijados por el Estado y por las autoridades”, declararon diputados del PRD y de otras organizaciones políticas.
Los coordinadores del PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya y Ricardo Monreal, calificaron de “un grave hecho de descomposición política y de las instituciones la denuncia de una probable ejecución sumaria ”.
El líder de la bancada perredista en San Lázaro, Alonso Raya, expuso que existe una exigencia nacional e internacional para aclarar los sucesos denunciados, y por tanto la PGR y la CNDH se encuentran obligadas a cumplir con todos los protocolos de investigación que conduzcan a la verdad de lo sucedido en el pasado mes de junio.
“Estamos ante una denuncia que conduce a un hecho como el homicidio colectivo de Aguas Blancas en Guerrero. La exigencia se remite a una investigación a fondo, y por lo pronto nuestro partido propuso la integración de un grupo de investigación compuesto por diputados, que ahonden en un tema tan grave y complicado para la República”.
Por su parte, Ricardo Monreal consideró que el caso fue rechazado por la CNDH, pero la presión social y la demanda de los medios fueron fundamentales para abrir la investigación. “Todo esto manifiesta la descomposición social, y va más allá de ser un hecho aislado”, dijeron.
En tanto, este miércoles al comparecer ante diputados federales, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que está investigando el enfrentamiento en Tlaltlaya, entre civiles y militares.
Murillo Karam afirmó que la PGR tiene la obligación de encontrar la verdad, “sea cual sea”.
Ante los integrantes de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y de Seguimiento a los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, Murillo Karam detalló que se tiene que hacer una serie de peritajes relacionados con este caso.
Enlistó los estudios de trayectoria de proyectiles, revisión de necropsias, mecánicas de lesiones, posición víctima victimario, análisis de muestras hemáticas.
“No me puedo pronunciar al respecto con lo que se tiene, sería un gravísimo error hacer un pronunciamiento”, afirmó el procurador.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no intervino en la investigación sobre la muerte de 22 civiles armados en Tlatlaya, Estado de México, porque el asunto fue desde un inicio competencia del fuero local, y en la actualidad del orden federal, aseveraron altos mandos castrenses, quienes aseguraron que hay “cero tolerancia en éste y otros temas en los que se acredite la responsabilidad de militares”.
Precisaron que si la Procuraduría General de Justicia Militar hubiese intervenido en la indagatoria habría violado la ley, porque al estar involucrados civiles era claro que no tenía competencia para actuar, de acuerdo con lo que señala la reciente reforma al Código de Justicia Militar.
Reiteraron que tanto en el caso de Tlatlaya –en el que según una testigo soldados ajusticiaron a civiles tras un tiroteo–, como en otros asuntos, la Sedena no pretende encubrir a nadie ni justificar ningún acto irregular de los militares.
“Tenemos la instrucción de entregar la información que nos sea requerida por la Procuraduría General de la República (PGR) y de presentar ante la autoridad federal a los militares involucrados en la averiguación, si es necesario”, afirmaron.
Añadieron que la Sedena no tiene nada que esconder, ya que existe la certeza del alto mando de que todo soldado sabe que debe responder de sus actos ante la autoridad y que, de ser encontrado culpable, tiene que cumplir con la sanción correspondiente.
(Con información de La Jornada y Excelsior)
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