Un Juez de Control del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso contra María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, ahora exelementos de la policía municipal de Naucalpan, por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura en agravio de Michelle Cano Hernández, mujer trans de 34 años de edad.
La resolución judicial, fechada el 22 de marzo de 2026, fijó la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La penalidad máxima conjunta por ambos ilícitos alcanza los 39 años de prisión.
Contexto
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos iniciaron en la avenida Parque de Chapultepec. La víctima documentó con su teléfono celular la detención de tres civiles ejecutada por los oficiales que ante la grabación, los elementos solicitaron apoyo. Al sitio arribaron María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N”, quienes sometieron a Cano Hernández, la esposaron, la subieron a la patrulla y la obligaron a borrar el material en video.
Los policías trasladaron a la víctima a la colonia San Miguel Atoto. El testimonio integrado detalla que en ese punto, fuera del alcance de cámaras de videovigilancia, los agentes le aplicaron descargas eléctricas, le quemaron mechones de cabello, ejecutaron golpes con la cacha de un arma de fuego en el rostro y le propinaron patadas en diversas parte del cuerpo.
Durante la agresión, los elementos emitieron insultos sobre su identidad de género y la coaccionaron bajo amenazas de muerte para grabar un video falso donde acusaba de violación a Carlos «N», uno de los civiles detenidos originalmente.
Vacío legislativo deja vulnerables a las identidades diversas
Juan Carlos Álvarez Paredes, abogado especialista en derechos de la diversidad sexual, señala a AD Noticias que el vacío legislativo en los municipios conurbados del norponiente dificulta la procuración de justicia.
«A diferencia de la Ciudad de México, donde ya está tipificado el transfeminicidio, en la periferia seguimos con muchos retrasos. Lo ideal es trabajar conforme a derecho y sensibilizar para que estas agresiones disminuyan, porque la discriminación inicia desde que la persona llega a una institución pública y la llaman por su nombre o rasgos masculinos, ignorando su identidad de género«.
Los reportes de colectivos locales y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establecen que la detención de Michelle Cano Hernández corresponde a un patrón operativo de las corporaciones de seguridad en el norponiente del Valle de México.
Las zonas industriales de Atoto y San Pancho son utilizadas para traslados extrajudiciales donde mujeres trans que ejercen el trabajo sexual son víctimas de extorsión y agresiones físicas.
Estadísticas de organismos de derechos humanos indican que la esperanza de vida promedio de las personas trans en México es de 35 años, debido a la marginación, la discriminación laboral y la exposición a la violencia institucional y de calle.
Álvarez Paredes precisa que los Bandos Municipales prevén sanciones administrativas y la inhabilitación para servidores públicos que incurran en estos actos.
También califica la reclusión en el penal de Barrientos de los tres oficiales como un precedente jurídico para las corporaciones municipales.
«El Ayuntamiento te puede ofrecer un servicio o tener oficinas de diversidad, pero si no se les da visibilidad o la población no se acerca a interponer sus quejas ante instancias como la Comisión de Derechos Humanos, los presupuestos y las dependencias se van a quedar ahí detenidas o desaparecerán», indicó el abogado.
El 28 de julio de 2025, el colectivo Mujeres Trans Libres Naucalpan realizó un bloqueo en Periférico Norte y una marcha hacia el Palacio Municipal para exigir la detención de los elementos. Derivado de estas movilizaciones, la diputada local Luisa Esmeralda Navarro Hernández emitió una condena pública y presentó un exhorto en el Congreso estatal para la tipificación de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, así como la creación de una Fiscalía Especializada, figuras jurídicas inexistentes en el actual Código Penal del Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la indagatoria se desarrolló bajo los protocolos para delitos de tortura y violencia policial.
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