La reducción de los delitos abrió la comparecencia de Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, ante el Congreso mexiquense, pero los resultados presentados durante el tercer día de la glosa del Tercer Informe de Gobierno pronto encontraron un contrapunto: la persistencia del miedo, la desconfianza en la policía y las dificultades para denunciar.
El funcionario defendió una estrategia basada en inteligencia, coordinación entre corporaciones, videovigilancia y prevención durante su comparecencia, sin embargo, reconoció que los indicadores favorables no significan que la inseguridad esté resuelta.
“La seguridad del Estado de México exige algo más que reaccionar ante el delito: exige pasar de la información a la inteligencia, de la inteligencia a la operación, y de la operación a resultados tangibles para la ciudadanía”, sostuvo desde la tribuna con seguridad ante los cuestionamientos que venían en el desarrollo de la comparecencia.
Lo reportado en la comparecencia de Casasola
Castañeda reportó una reducción de 15.5% en la tasa de incidencia delictiva durante 2025 respecto a 2024, de acuerdo con la ENVIPE del INEGI, la tasa pasó de 48 mil 426 a 40 mil 915 delitos por cada 100 mil habitantes, también destacó una disminución de 21.8% en homicidios dolosos, de 13.56% en robos en calle o transporte, de 30.74% en robo de vehículos y de 64% en extorsión, según las cifras presentadas por la Secretaría.
En el caso de los homicidios, los registros citados por el funcionario pasaron de 3 mil 297 en 2024 a 2 mil 575 en 2025, la cifra más baja de los últimos 15 años, de acuerdo con su exposición, para combatir los delitos, señaló, la estrategia requiere coordinación entre policías estatales y municipales, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y ministerios públicos.
El balance incluyó más de 20 mil cámaras de videovigilancia, 111 arcos carreteros y una inversión superior a 491 millones de pesos en equipamiento. Castañeda destacó que los arcos contribuyeron a recuperar 168 vehículos y asegurar más de 34 armas, mientras que las acciones de la policía cibernética ayudaron a evitar extorsiones por 289 millones de pesos, según datos de la dependencia.
También defendió la profesionalización de la corporación: informó que se incorporaron más de mil elementos, que 102 policías egresaron de la primera generación de la licenciatura en Inteligencia Policial y que se evaluó a más de 20 mil 533 integrantes mediante controles de confianza.
El miedo frente a las estadísticas
El diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, contrapuso el balance institucional con las experiencias de quienes utilizan el transporte público, salen de la escuela o temen ser víctimas de un delito.
“El informe dibuja una entidad que avanza. Las familias mexiquenses, lamentablemente, viven otra realidad. El miedo no cabe en una estadística, secretario”, expresó.
Ortega cuestionó que una disminución de las denuncias pueda considerarse una buena noticia cuando, según los datos que citó, 90% de los delitos no se denuncia, señaló que la confianza en la policía estatal ronda 49.8% y mencionó niveles de percepción de inseguridad de 78.7% en Ecatepec y 80.3% en Chimalhuacán.
El legislador agregó que más de 67 mil familias habrían abandonado sus hogares por violencia e inseguridad, y advirtió que la falta de denuncias y de seguimiento judicial dificulta medir los resultados de la estrategia.
La discusión llegó a la violencia contra las mujeres donde Ortega recordó que 11 municipios mantienen alertas por violencia de género y siete por desapariciones, y pidió conocer los resultados concretos de los operativos Violeta y las medidas para prevenir e investigar estos delitos.
El secretario había informado que se realizaron más de 166 operativos Violeta y se atendió a más de 27 mil mujeres, reportó la capacitación de más de 40 mil elementos, la rehabilitación de más de 12 mil kilómetros de vialidades para senderos seguros y la recolección de mil 36 armas de fuego mediante campañas de canje.
Las cifras, sin embargo, abrieron una pregunta que atravesó el intercambio: cómo traducir las acciones preventivas en protección efectiva para las mujeres y en mayor confianza para denunciar.
Depuración policial y operaciones contra el delito
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Maricela Beltrán Sánchez reconoció la complejidad de las tareas de seguridad, pero sostuvo que la evaluación debe considerar si las personas pueden trabajar, trasladarse e invertir sin que la delincuencia condicione sus decisiones.
La legisladora puso énfasis en la confianza ciudadana y en los mecanismos para investigar las malas actuaciones policiales, citó 2 mil 641 expedientes de investigación interna, 469 procedimientos administrativos solicitados y 168 elementos sancionados.
Castañeda, por su parte, informó que 125 elementos fueron separados por una mala actuación y 168 recibieron sanciones, aseguró que cada reporte es analizado y que los policías tienen oportunidad de presentar su versión antes de que se determinen responsabilidades, también destacó 136 reconocimientos, 444 promociones y más de 2 mil 650 becas para hijas e hijos de integrantes de la corporación.
En el combate a estructuras delictivas, el secretario destacó la operación Enjambre, con más de 60 personas detenidas, y la operación Liberación, dirigida contra la extorsión en la zona sur, que derivó en el aseguramiento de más de 23 inmuebles y materiales de construcción, animales y ganado.
Mencionó también la operación Dos de Bastos, mediante la cual se aseguraron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas, y la operación Desconexión, contra la extorsión telefónica, con más de 84 personas detenidas, 109 inmuebles asegurados y 56 centros de llamadas cancelados.
Otro de los pendientes reconocidos fue el sistema penitenciario, pues Castañeda informó que alberga a más de 39 mil personas privadas de la libertad y enfrenta una sobrepoblación de 158%. Señaló que se realizaron 302 supervisiones en los centros penitenciarios, además de traslados de internos a instalaciones federales y estatales.
El funcionario defendió estos operativos y la coordinación con autoridades federales y municipales como parte de la estrategia para contener la violencia. No obstante, los cuestionamientos legislativos pusieron el foco en la distancia entre los resultados reportados y la experiencia cotidiana de la población.
La comparecencia dejó sobre la mesa el desafío de convertir las reducciones delictivas y la inversión en seguridad en confianza ciudadana, denuncias atendidas y condiciones para que las familias mexiquenses puedan vivir y transitar sin miedo.
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