La Ciudad de México y el Estado de México, son las entidades federativas con la mayor percepción de corrupción, revela el estudio “Los derechos humanos y la corrupción en México”, elaborado la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México).
Dichas entidades figuran en tres de los primeros cuatro peores lugares en materia de seguridad pública, seguridad nacional y en administración e impartición de justicia.
El documento destaca que la capital del país y la entidad mexiquense concentran el 25% de la población – 127 millones de mexicanos -, y puntualiza que es constante el descenso que en materia de transparencia se ha tenido en el contexto internacional.
Se indica que, en 2014 y 2015, México obtuvo 35 de 100 puntos posibles en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, lo que le hizo ocupar el lugar 95 de 176 países, mientras en el 2016 obtuvo 30 puntos, cayendo a la posición 123 de las naciones analizadas.
Lo más grave es que ello sucedió en los años en que se discutía y concretaba el Sistema Nacional Anticorrupción, revela el rotativo Hoy, de Los Angeles, California.
De acuerdo con el estudio, el Estado de México fue percibido como la entidad con mayor corrupción en materia de seguridad pública, mientras la Ciudad de México en impartición y administración de justicia, y Chihuahua en seguridad nacional.
Las calificaciones de percepción de la corrupción para estos estados fueron hechas con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, (ENVIPE, 2011-2015).
Se especificó que, entre 85 y 95% de los entrevistados, calificaron de corrupta a la policía del Estado de México, por delante de Tabasco y Tamaulipas.
Entre 55 y 89% consideraron corrupta la administración de justicia (policía judicial y ministerio público) en una lista que lideran la Ciudad y el Estado de México, mientras que entre 57 y 84% consideraron corrupta la impartición de justicia (los jueces), situando a la Ciudad de México y al Estado de México, antes que Oaxaca.
El estudio señala que en el periodo 2000-2014, fueron sancionados 124 mil 420 funcionarios, de los cuales 44. 63% recibieron amonestaciones públicas o privadas, al 24.31% se les suspendió, 17.1% fueron inhabilitados y 4.01% fueron destituidos.
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