Un juez federal otorgó la suspensión provisional del acto reclamado y revocó la orden de aprehensión. Ambos funcionarios seguirán el proceso en libertad, siempre y cuando no enfrenten otras causas.
El presidente y el tesorero de la Central de Abasto de Toluca, Luis Alberto Bobadilla Ramírez y Jesús López García, obtuvieron un amparo que revoca la orden de aprehensión dictada en su contra por el presunto delito de extorsión. Un juez federal ordenó su inmediata liberación, al determinar que la suspensión otorgada en el juicio de amparo 676/2025-III, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, es suficiente para que enfrenten el proceso penal en libertad.
Ambos funcionarios fueron detenidos el pasado 30 de julio en cumplimiento de una orden de aprehensión. La causa penal 1508/2025 los señala como probables responsables de extorsionar a comerciantes de la Central de Abasto. Sin embargo, el juez federal consideró que se violaron sus derechos al no acatarse la suspensión provisional previamente concedida, lo que derivó en la revocación del auto de detención.
“Se ordena la inmediata libertad de los gobernados, siempre y cuando no se encuentren detenidos por otro delito o a disposición de diversa autoridad”, resolvió la jueza de control Judith Cipriana Fuentes Martínez, en acuerdo fechado el 31 de julio.
La jueza también notificó la cancelación de la audiencia de imputación que había sido programada para este viernes 1 de agosto. En su lugar, ordenó que los implicados se presenten de manera voluntaria ante el juzgado de control dentro de los próximos cinco días hábiles, con el fin de iniciar el procedimiento penal correspondiente.
La causa penal —según el expediente— fue iniciada a partir de la denuncia de una víctima cuya identidad permanece reservada. La persona habría acusado a los funcionarios de exigir pagos ilegales en el interior de la Central de Abasto.
Aunque la suspensión judicial no implica la inocencia de los acusados, sí garantiza su derecho a enfrentar el proceso sin estar privados de la libertad, lo que representa un cambio clave en el caso que ha generado tensiones entre comerciantes y autoridades locales.
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