En una audiencia celebrada la noche del martes, un juez determinó la vinculación a proceso de ocho individuos arrestados por su presunta implicación en el ataque y homicidio de nueve comerciantes en la Central de Abastos de Toluca. Así lo informaron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
El pasado jueves 13 de julio, la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Secretaría de Seguridad estatal, cumplimentaron órdenes de aprehensión contra nueve sujetos bajo investigación por el delito de homicidio calificado.
Entre los detenidos, tres individuos identificados como Pascual «N», Bryan Alejandro «N» y Jhoan Daniel «N», desempeñan cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto, como presidente, tesorero y asesor, respectivamente. Otro de los detenidos, David Jehuel «N», es el responsable del área jurídica, mientras que Mateo «N» estaba encargado de la seguridad del lugar.
El crimen en la Central de Abastos de Toluca
Según las autoridades, los cinco sujetos mencionados presuntamente planearon, organizaron y ordenaron la agresión del lunes 10 de julio en la nave comercial número 7, conocida como «La Isla». Supuestamente, irrumpieron, efectuaron disparos con armas cortas y provocaron incendios con el objetivo de desalojar a los comerciantes que se encontraban allí.
Durante la agresión, cuatro individuos identificados como Arturo «N», Edmundo «N», Héctor «N» y José Miguel «N», quienes formaban parte del servicio de seguridad privada de la Central de Abastos, recibieron instrucciones de no acudir al lugar de los hechos. Además, se descubrió que deliberadamente suspendieron el suministro de energía eléctrica y permitieron el libre acceso de los agresores. Posteriormente, facilitaron su escape a través de las salidas controladas por el personal de seguridad privada.
Adicionalmente, el personal de seguridad privada impidió el acceso de las autoridades para atender la emergencia, obstruyendo así la debida asistencia a las víctimas, a pesar de estar obligados a realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que estaban conectados, lo cual no se llevó a cabo oportunamente.
Con base en las evidencias y testimonios presentados durante la audiencia, el juez determinó que existen elementos suficientes para proceder con el proceso penal en contra de los ocho detenidos.