Integrantes de centros de rehabilitación de distintas entidades del país se manifestaron en Toluca para exigir el reconocimiento de su labor y cambios en la legislación en materia de atención a las adicciones.
Durante la movilización, los participantes plantearon la necesidad de reformar la Ley General de Salud para reconocer formalmente su trabajo, así como la creación de un marco legal estatal que permita la intervención de personas con adicciones mediante la figura de un tutor y el tratamiento involuntario.
También propusieron que los procesos de rehabilitación tengan una duración mínima de cuatro meses.
Al término de la movilización, un contingente fue recibido por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La mandataria atendió sus peticiones y acordó que, a partir de mañana, sostendrán reuniones con personal de la Fiscalía estatal y del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, ante quienes presentarán una lista de los grupos que representan.
Cabe recordar que el Congreso mexiquense ya configura una legislación que regule el funcionamiento de estos centros.
No a la criminalización
Los manifestantes señalaron que no se oponen a la regulación de los centros, aunque reconocieron que algunos operan en la ilegalidad.
Sin embargo, defendieron que existen espacios que cuentan con actas constitutivas, permisos y protocolos, además de personal capacitado en atención a las adicciones.
La protesta también tuvo como objetivo denunciar presuntos abusos por parte de autoridades y pedir que se conozca el funcionamiento interno de los centros.
Señalan irregularidades
Esto ocurre luego de los operativos realizados por la Fiscalía del Estado de México, en los que se habrían retirado a personas presuntamente privadas de la libertad sin contar con expedientes clínicos ni consentimiento avalado.
No obstante, ellos reportaron que tras estos procedimientos hubo personal detenido por delitos que no cometieron, casos de personas desaparecidas y recaídas en consumo tras la interrupción de tratamientos.
Falta de claridad en la ley
Los inconformes señalaron que uno de los principales problemas es la falta de criterios uniformes en la aplicación de la ley en las distintas entidades del país, lo que ha derivado en situaciones de criminalización.
Roberto Ascencio Corona, representante del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD A.C.), explicó que con el crecimiento de los centros de rehabilitación, muchas personas comenzaron a operar espacios de manera improvisada, instalando lugares en casas particulares bajo la idea de ayudar a personas con adicciones “de corazón a corazón”, que era el método que se usaba.
Sin embargo, explicó que, con la llegada de la normativa para regular estos espacios, se evidenciaron diversas irregularidades, particularmente en los llamados “anexos”, que son los que operan sin control y bajo condiciones de impunidad, y por los cuales se está criminalizando.
“Venimos a evitar que se generalice el concepto. Hay centros que operamos bajo la norma y apoyamos que el bienestar sea una garantía para quienes buscan rehabilitación”, señaló.
“Nosotros venimos a evitar que generalicen el concepto para todos los que estamos operando bajo la norma… apoyamos que el bienestar sea una garantía para las personas que buscan un proceso de rehabilitación”, agregó.
Marcha y diálogo
La movilización fue encabezada por Jesús Ozuna, conocido como “El Chiquilín” de la Patrulla Espiritual, que ha representado y difundido la labor de los centros de rehabilitación.
El contingente partió de la Glorieta de Colón hacia el primer cuadro de la ciudad, con la participación de personas provenientes de estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Chiapas y Nayarit, con el objetivo de evitar que este tipo de operativos se replique en otras entidades.
En ese sentido, los manifestantes reconocieron la apertura al diálogo por parte de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al considerar que podría marcar un parteaguas para impulsar cambios en la regulación de estos espacios.
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