La detención de un dirigente seccional de Antorcha Campesina durante una jornada protesta en Chimalhuacán provocó movilizaciones afuera de la comandancia de Barrio Fundidores y abrió un nuevo choque entre la organización y el gobierno municipal morenista, que acusó actos de provocación, desinformación y resistencia a la autoridad.
Durante la mañana de este miércoles, pequeñas comitivas afiliadas al movimiento antorchista colocaron mantas en puentes peatonales de avenidas principales del municipio, donde exigían seguridad, obra pública, agua y servicios básicos. La intención, de acuerdo con integrantes de la organización, era exhibir sus demandas ante transeúntes y automovilistas.
Una de las comitivas se instaló en un puente peatonal ubicado sobre avenida del Peñón, en el Barrio Talabarteros, donde participaba Antonio Zacarías Mendoza, dirigente seccional del movimiento. Según la versión de los manifestantes, después de permanecer en ese punto comenzaron a llegar policías municipales con la indicación de retirar a las personas que participaban en la protesta, tanto ahí como en otros puntos donde se habían colocado mantas, deteniendo a Zacarías Mendoza, sin que en ese momento se les informara el motivo de la intervención policial. Posteriormente, fue trasladado a la comandancia ubicada en la colonia Barrio Fundidores.
La detención alertó a miembros del movimiento, quienes se concentraron afuera del edificio público para exigir su liberación. En el lugar realizaron movilizaciones, plantones y manifestaciones mientras pedían información sobre el procedimiento seguido por la autoridad. De acuerdo con los inconformes, al cuestionar a los oficiales sobre la detención, la única respuesta que recibieron fue que “se hará el proceso pertinente y en breve se les daría más información”. Antonio Zacarías Mendoza permaneció más de dos horas en calidad de detenido, mientras sus compañeros exigían que el gobierno municipal informara las razones de la detención y permitiera su liberación.
En respuesta, el gobierno municipal de Chimalhuacán emitió un comunicado en el que sostuvo que actuó en cumplimiento del Bando Municipal, particularmente de los artículos 213 y 214. Sin embargo, en el Bando Municipal 2025, esos artículos se refieren a la autorización de actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios y anuncios publicitarios en instalaciones abiertas al público o establecimientos fijos, no de manera específica a la colocación de mantas en puentes peatonales, resistiéndose al arresto de forma violenta.
También acusó que durante los hechos se provocó una agresión física contra una oficial de la policía municipal, aunque en el comunicado no se precisaron mayores detalles sobre su estado ni sobre el procedimiento iniciado por ese señalamiento.
La administración municipal aseguró que el retiro de lonas instaladas en puentes peatonales formó parte de un operativo contra materiales colocados sin autorización y afirmó que estas acciones forman parte de una campaña de desprestigio impulsada por Antorcha Campesina y el PRI.
La autoridad local afirmó que mantiene respeto a la libre manifestación ciudadana, siempre que se realice en los marcos de civilidad y en los espacios adecuados. También aseguró que se han realizado en promedio tres mesas de trabajo con representantes del movimiento y rechazó cualquier acto de represión.
En el mismo posicionamiento, el ayuntamiento sostuvo que las movilizaciones no buscan el bienestar social, sino recuperar privilegios políticos mediante la calumnia. Además, señaló que la policía municipal recabó testimonios de jóvenes que, de manera anónima, habrían informado que fueron obligados y presionados a colocar materiales bajo la amenaza de ser dados de baja de su institución educativa.
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