La detención de Carmen Zamora, integrante de la Colectiva Feminista Ehécatl, ocurrió el 10 de abril de 2026 al interior de la Agencia del Ministerio Público especializada en violencia de género en Chimalhuacán, luego de que ingresara junto con otras mujeres para solicitar información sobre un expediente.
Zamora acudió a la agencia para pedir explicación sobre el caso de “Susana”, una mujer que fue agredida en julio de 2025 en el barrio San Pedro. La agresión quedó registrada en video, donde se observa la participación de varios sujetos, entre ellos presuntos policías municipales fuera de servicio. En el mismo hecho también resultaron agredidos el esposo de la víctima y su hija menor de edad.
El material fue integrado a la carpeta de investigación. Sin embargo, uno de los señalados no fue vinculado a proceso y la determinación no fue impugnada por la representación social, de acuerdo con el seguimiento del caso.
Durante la permanencia del grupo dentro de la agencia, se registró un intercambio con personal ministerial. Posteriormente, más de 20 elementos de investigación ingresaron al inmueble y realizaron la detención de Zamora y otra integrante del colectivo. Hasta el momento, no se ha informado públicamente el delito que se les imputa ni su situación jurídica.
Zamora forma parte de la Colectiva Ehécatl, un grupo integrado por familiares y activistas que realiza búsquedas en campo en municipios del oriente del Estado de México. Sus intervenciones se concentran en canales, tiraderos y zonas periféricas donde han localizado restos humanos en distintos momentos.
En julio de 2024, integrantes del colectivo reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el Río La Compañía. Durante 2025, las búsquedas continuaron en esa franja. Para marzo de 2026, el colectivo intervino nuevamente en el Canal de Cartagena, donde en al menos dos jornadas se localizaron restos humanos en el mismo tramo: primero un cuerpo embolsado y posteriormente más partes que correspondían al mismo caso.
Las integrantes realizan recorridos en campo a partir de reportes ciudadanos, información compartida entre familias y patrones identificados en la zona. Cuando localizan indicios o restos, notifican a las autoridades para su levantamiento. No forman parte de estructuras oficiales ni reciben remuneración.
Además de las búsquedas, el colectivo da acompañamiento a víctimas de violencia, seguimiento a carpetas de investigación y gestión ante autoridades ministeriales y judiciales.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México registró al menos 89 feminicidios en 2023 y 55 en 2025, con base en los cortes oficiales disponibles, manteniéndose entre las entidades con mayor número de casos a nivel nacional.
En la región oriente, familiares y colectivos han realizado en distintos momentos acciones directas en agencias del Ministerio Público para exigir avances en investigaciones. En marzo de 2023 se registraron bloqueos en instalaciones de Ecatepec por casos de desaparición; en agosto de 2024 hubo protestas en Nezahualcóyotl por falta de seguimiento en carpetas de mujeres desaparecidas, y en 2025 se documentaron ingresos a agencias en Chimalhuacán por casos de violencia de género.
La detención de Zamora se produjo en ese contexto, al interior de una agencia ministerial y durante la exigencia de información sobre un caso específico.
Hasta el momento, no se ha informado un posicionamiento oficial de autoridades, defensa legal o del colectivo sobre la situación jurídica de las detenidas. Mientras tanto, en la misma región continúan las búsquedas en campo, donde los hallazgos de restos humanos han sido reportados en distintos puntos por los propios colectivos.
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