La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles un fallo histórico en el caso de dos mexicanos que pasaron 17 años en la cárcel sin recibir una sentencia.
El tribunal internacional condenó a México por atentar contra la libertad de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Además, ordenó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Autoridades mexicanas detuvieron a ambos sujetos en 2002 por supuestamente asesinar a María de los Ángeles Tamés, regidora panista de Atizapán, Estado de México. Después de su detención, las autoridades decretaron medidas de arraigo y su confinamiento por 47 y 34 días. De esta manera, los mantuvieron en prisión preventiva por más de 17 años.
Su detención se dio sin orden de un juez, los arraigaron sin un abogado y los obligaron a firmar documentos. En 2019 salieron de prisión con brazalete electrónico. Sin embargo, hace dos semanas autoridades detuvieron a Daniel García y los trasladaron a un penal del Estado de México.
Fue hasta el 12 de mayo de 2022 que los sentenciaron a 35 años de prisión, sin embargo, la CIDH apeló la sentencia.
El fallo de la CIDH en favor del caso de los mexicanos
La Corte Interamericana dijo que la prisión preventiva atenta contra los derechos del acusado. Lo anterior, debido a que su aplicación se hace de forma automática para los delitos de gravedad y no se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela.
LA CIDH determinó que las autoridades atentaron contra el derecho de los acusados a no ser privados de la libertad, presunción de inocencia y a la igualdad.
El tribunal internacional añadió que el proceso de detención se dio sin una orden judicial, además, pasaron 47 y 34 pasa que los llevaran ante un juez. A estas acusaciones se suman la tortura y que Daniel García no contó con un defensor durante su detención.
Debido a estas irregularidades, la CIDH ordenó a las autoridades mexicanas estas medidas de reparación:
- Concluir a la brevedad con los procedimientos penales en curso.
- Revisar la conveniencia de mantener las medidas cautelares.
- Investigar la tortura en perjuicio de las víctimas.
- Dejar sin efecto el arraigo pre-procesal.
- Capacitar a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla.
Finalmente, la CIDH recomendó al Estado mexicano la eliminación del arraigo y prisión preventiva por considerarlos violatorios de los derechos humanos.