Monterrey, NL.- Este viernes 16 de septiembre el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “sepultó” el proyecto Monterrey VI, incluido el millonario contrato que la pasada administración adjudicó a un consorcio encabezado por la empresa Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa.
“El Bronco” aseguró que su gobierno asumirá las consecuencias legales y económicas que implique romper el acuerdo contractual, pero que no puede seguir con un proyecto que ha sido tan cuestionado por la sociedad y que, incluso, el nuevo plan hídrico que analizan con la Comisión Nacional del Agua llevará otro nombre, en lugar de Monterrey VI.
El proyecto hidráulico, anunciado en octubre de 2012 y que costaría unos 47 mil millones de pesos, ha sido cuestionado por organismos empresariales, ambientalistas y civiles, que consideran que el acueducto de 372 kilómetros ocasionaría daños al medio ambiente.
Antecedentes
El 21 de enero de 2008, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que permite la extracción de las corrientes del río Pánuco para abastecer de agua 16 municipios de la zona conurbada de Monterrey.
En 2012 como candidato presidencial, Enrique Peña Nieto incluyó entre sus promesa de campaña, firmadas ante el Notario Público 129 de Nuevo León, Manuel García, reforzar los cuerpos policíacos, construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro y lograr una de las máximas obras para la región y el gran negocio para su proyecto empresarial, la construcción del acueducto Monterrey VI, al que ofreció que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.
El 13 de marzo de 2014, el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz gestionó la publicación en el DOF de la convocatoria para licitar el proyecto hídrico, concurso al cual se inscribieron 28 empresas y finalmente sólo dos consorcios presentaron su propuesta y el 8 de septiembre de 2014, el Servicios Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) emitió el fallo que permitiría al grupo de empresas representadas por Grupo Higa construir la obra.
Grupo Higa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien está vinculado con el Presidente de la República desde su etapa como gobernador del Estado de México, cuando edificó obras millonarias y alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.
Las revelaciones de los negocios fraudulentos de Peña con Armando Hinojosa propiciaron la cancelación de proyectos como el de la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro (6 noviembre 2014), que tendría una inversión de 50 mil 820 millones de pesos y que fue suspendida por el propio presidente tras las evidencias de favoritismo y conflicto de interés con el empresario Hinojosa Cantú.
El diario Wall Street Journal, informó que Hinojosa Cantú, también fue beneficiado con un contrato por 460 millones de dólares para un nuevo museo en la ciudad de Puebla, en el gobierno de otro “amigo” de Peña: Rafael Moreno Valle, además de varios contratos más que incluían autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno federal en aviones privados.
A dos años de su promesa, Peña Nieto, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en colaboración con el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Rodrigo Medina, dio el fallo para la licitación de la obra por la que se pagarían 47 mil millones de pesos durante los próximos 27 años.
El consorcio ganador fue integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico (Grupo Higa), Controladora de Operaciones de Infraestructura (propiedad de Ingenieros Civiles Asociados “Grupo ICA” de Bernardo Quintana, Desarrollos Rogar, Recsa Concesiones (Regiomontana de Construcción y Servicios) y, Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo.
Juan Armando Hinojosa, a través de su Grupo Higa, entró de lleno a un nuevo conflicto de intereses, con un proyecto hidráulico del que se acusó su finalidad era la práctica del fracking para la extracción del gas shale en la región. Por lo que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sería para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.
La Dirección de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos a una tasa fija de 6.25 por ciento
En respuesta, diversos sectores de la sociedad civil neoleonesa denunciaron “favoritismo y corrupción” y organismos sociales solicitaron al gobierno estatal realizar una mesa de diálogo para que se informara sobre los detalles jurídicos y económicos del proyecto. Los ciudadanos afirman que la sobredemanda del líquido no tiene un objetivo potable, sino que estaría dirigido a la fractura hidráulica del material rocoso en la región.
La empresa de Hinojosa Cantú obtendría el 52.75% de las ganancias del proyecto, porcentaje que se desprende de los ingresos que generaría la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad del Grupo, por un 37.5% del costo de la obra, y de las ganancias de Desarrollos y Construcciones Rogar, por un 15.25% de la inversión. El propietario de Desarrollos y Construcciones Rogar, Jesús Rogelio García Arzabala, aparece también como representante legal de la compañía de Higa que participó en el proceso. En conjunto el fraude de ambas compañías, alcanzaría un monto de 24,792 millones de pesos, 52.75% del costo total de la obra.
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