Cierran cerco fiscal contra gobernador de Veracruz

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la dirección general de Catastro y Valuación del estado de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen el gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus familiares más cercanos. Se pidió buscar en las bases de datos los […]

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la dirección general de Catastro y Valuación del estado de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen el gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus familiares más cercanos.

Se pidió buscar en las bases de datos los antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, entre las que destacan la esposa del gobernador, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, de acuerdo con información del portal La Voz de Coahuila.

También solicitó información de las propiedades del concuño de Javier Duarte, José Armando Rodríguez Ayache y del primo de su esposa, Jorge Fernando Ramírez Tubilla (ex subsecretario de ingresos).

En seguimiento al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, también se solicitó documentación catastral de dos equipos de béisbol: los Cafeteros de Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.

Como se informó en su momento, el 5 de julio el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra del mandatario Javier Duarte por desvío de recursos públicos, una en la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y otra ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por evasión fiscal.

La primera se relaciona con información sobre la red de operadores de Duarte para desviar del erario recursos en la compra de bienes en el país y en el extranjero, mientras que la segunda se basa en información que detalla una lista de 22 “empresas fantasmas”, que fueron creadas al inicio de la administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.