Toluca, Estado de México; 30 de julio de 2019.- Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue citada para el próximo 8 de agosto para comparecer en una audiencia por delitos vinculados con la llamada Estafa Maestra, caso por el que podría estar en prisión hasta por diez años, al haber afectado el programa Cruzada Nacional contra el Hambre.
Esto luego de que el pasado 25 de julio, la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur una audiencia inicial de imputación y vinculación contra la ex funcionaria federal
“El delito por el que se vincularía a Robles Berlanga está previsto en el Artículo 214 del Código Penal Federal, y hace referencia a que teniendo conocimiento de su cargo haya afectado los intereses o el patrimonio federal o de la capital del país”, destaca el portal de Aristegui Noticias, el cual agrega que esta afectación se dio cuando fue titular de la Sedesol.
En su oportunidad, Rosario Robles había declarado que con dicho programa de gobierno se proporcionó alimento a tres millones de personas que antes no tenían que comer; no obstante, se detectaron diversas irregularidades en el uso de los recursos destinados a ese programa.
“Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma” precisa Aristegui Noticias.
De acuerdo a la periodista Carmen Aristegui se trató de 2 mil 224 millones de pesos que fueron destinados a universidades para hacer servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014 y que no se cumplieron. Más tarde, cuando Robles Berlanga pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, el esquema volvió a repetirse con otras universidades, según documentó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública de 2016.
De acuerdo a El Universal, la ex funcionaria federal ya presentó una demanda de amparo al considerar que la FGR violó el principio de defensa adecuada al no citarla a comparecer previo a judicializar la carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018) De ser otorgada esa suspensión provisional por un juez, entonces podría cancelarse dicha audiencia.
La Auditoría Superior de la Federación destaca que las tres principales dependencias -de 11 involucradas- que participaron en el desvío de millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña fueron la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos.
Cabe recordar que la ASF “detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen”, destaca El Universal.