Las suspensiones y clausuras de establecimientos en Ecatepec han comenzado a escalar en conflicto social, con protestas, bloqueos y acusaciones contra autoridades en medio de una estrategia intensiva de verificación comercial.
Uno de los episodios más recientes ocurrió sobre Avenida Central, a la altura de Ciudad Azteca, donde propietarios de bares bloquearon la vialidad para exigir la reapertura de sus negocios, suspendidos durante operativos por presuntas irregularidades en permisos. La protesta afectó la movilidad e interrumpió parcialmente el servicio del Mexibús Línea 1, en una de las zonas con mayor flujo del oriente del Valle de México.
Durante la movilización, comerciantes también señalaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por presuntas irregularidades en los operativos. Aseguran que, en algunos casos, se integraron carpetas de investigación sin sustento o con señalamientos que no corresponden a los hechos, lo que habría sido utilizado como argumento para cerrar establecimientos.
Además, denunciaron posibles actos de extorsión, presión durante las revisiones y falta de información clara sobre los procedimientos. Algunos propietarios sostienen que incluso negocios con trámites en curso han sido suspendidos.
Hasta el momento, estas acusaciones no han sido respondidas públicamente por la autoridad ministerial.
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Un patrón que se repite
El conflicto refleja un escenario cada vez más frecuente: negocios suspendidos por falta de documentación frente a comerciantes que, si bien reconocen rezagos en permisos, señalan la ausencia de mecanismos claros y accesibles para regularizarse.
Incluso quienes aseguran contar con documentación vigente denuncian cierres arbitrarios.
La lógica de los operativos
Las acciones forman parte de una política municipal que ha intensificado inspecciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento de requisitos como uso de suelo, licencias de funcionamiento y medidas de Protección Civil.
La administración encabezada por Azucena Cisneros Coss ha defendido esta estrategia bajo el argumento de reducir riesgos a la población, especialmente en giros que operan fuera de norma.
El endurecimiento ocurre tras diversos incidentes en el municipio —incluidos incendios en bodegas, recicladoras y espacios de almacenamiento— que operaban sin condiciones adecuadas de seguridad.
La dimensión del problema
Hasta ahora, el municipio ha aplicado más de 800 suspensiones y mantiene operativos permanentes, lo que evidencia la magnitud de negocios fuera de la normatividad.
Se estima además la existencia de hasta mil 500 recicladoras o centros de acopio sin regulación, lo que dimensiona el tamaño del desafío.
Las acciones no se limitan a bares. En semanas recientes también se han realizado clausuras en centros de rehabilitación —conocidos como anexos— por irregularidades en su operación y posibles riesgos para internos.
Un conflicto estructural
El impacto ocurre en uno de los municipios más poblados del país, con más de 1.6 millones de habitantes y una economía fuertemente dependiente del comercio.
Se calcula que alrededor de 826 mil personas trabajan en la informalidad en Ecatepec —más de la mitad de su población—, mientras que en 2024 se registraban al menos 35 mil vendedores informales en calles, tianguis y transporte público.
A nivel estatal, 79.8% de las unidades económicas operan en la informalidad, y a nivel nacional el 55.4% del empleo se encuentra en esta condición.
El punto de quiebre
Las recientes protestas exhiben el principal punto de fricción: mientras la autoridad impulsa una política de ordenamiento basada en operativos y clausuras, comerciantes advierten que no existen rutas claras, plazos definidos ni esquemas accesibles para cumplir con la normatividad.
Aunque algunos reconocen adeudos o falta de permisos, señalan que las suspensiones se traducen en pérdidas inmediatas y en la imposibilidad de reabrir.
En este contexto, el reto para el gobierno municipal no es sólo retirar de operación negocios fuera de norma, sino construir mecanismos viables de regularización que eviten que la estrategia de ordenamiento profundice el conflicto social y económico en Ecatepec.
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