Comerciantes de la Central de Abasto de Toluca (CAT) denunciaron un aumento en las cuotas diarias de mantenimiento, que según ellos, responde a una nueva exigencia: entregar la mitad del dinero a integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana.
De acuerdo con testimonios recabados por AD Noticias, en los últimos 15 días el cobro diario a los locatarios subió de 150 a 300 pesos. En negocios más pequeños, la cuota pasó de 70 a 200 pesos diarios. “Nos dijeron que ahora hay que darles 150 pesos a los de ‘la maña’”, aseguró un comerciante, al referirse al grupo delictivo.
Según los denunciantes, esta exigencia afecta a entre 300 y 350 locatarios, quienes temen represalias si no pagan. Aseguran que el incremento no es nuevo, pero sí el más alto desde que Jesús “N”, presidente de la mesa directiva, asumió el control de la mesa directiva.
“Antes era de 40 pesos en 2010, luego 70 en 2013, 100 en 2021 y 150 desde que entró esta administración”, dijeron.

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Amenazas y presencia armada tras detenciones
El miércoles pasado, comerciantes reportaron que personas armadas ingresaron a las oficinas de la administración de la CAT. Según su versión, entre los hombres se encontraba el hijo de Jesús “N” —a quien identifican como servidor público de la Fiscalía estatal— acompañado por dos individuos a bordo de un auto Vento azul.
“Dijeron que venían de la Fiscalía, pero no se identificaron. Fueron directo a la caja, donde están el dinero, las cuentas y documentos. También se llevaron pertenencias personales del presidente”, afirmaron.
Los locatarios aseguraron que los tres portaban armas visibles y que no hubo registro oficial de la incursión. “Nos advirtieron que si hablamos, nos levantan. Ya hemos sido amenazados de muerte”, declaró uno de los comerciantes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron este 30 de julio a Jesús “N”, presidente de la Central de Abasto de Toluca, y a Luis Alberto “N”, uno de sus colaboradores, por su probable participación en el delito de extorsión agravada. Sin embargo, el 31 de julio salieron libre tras conseguir un amparo federal.
Ambos son señalados de haber obligado a un abogado a dar sus servicios sin pago, bajo amenazas de muerte, y presuntamente ostentándose como integrantes de un grupo delictivo.
Sin elecciones y obligados a pagar abogados
Otra denuncia reciente apunta a que la mesa directiva ha impedido renovar su representación. “Estamos amenazados, no se pueden hacer elecciones”, expresaron.
Además, indicaron que les han exigido pagar los abogados y fianzas derivadas de las detenciones. “Ahora también tenemos que pagar su defensa legal”, dijo un locatario.

La Central de Abasto de Toluca permanece sin dirección operativa clara. La violencia, el abandono y el miedo crecen entre quienes, durante años, han hecho de este mercado su forma de vida.


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