Calla Comisión de Educación del Congreso ante el reclamo por gratuidad en la UAEMéx

Eludir la discusión no contribuye al fortalecimiento de la educación superior, ni responde al interés público que los legisladores están llamados a representar
junio 18, 2025

La Comisión de Educación del Congreso del Estado de México ha evitado pronunciarse sobre uno de los temas más relevantes en materia educativa: la garantía del acceso gratuito a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). A pesar de múltiples intentos por parte de AD Noticias para obtener una postura oficial, el presidente de la comisión, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, no atendió la solicitud de entrevista.

Inicialmente, su equipo de comunicación canalizó la solicitud hacia otro integrante de la comisión. Más tarde, confirmaron que el propio diputado Vargas daría la entrevista, pactada para el miércoles 18 de junio a las 13:00 horas. No obstante, sin previo aviso, el legislador se ausentó, argumentando posteriormente que había sido convocado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sin informar de su inasistencia al compromiso previamente agendado.

La entrevista buscaba esclarecer un punto crucial: ¿qué mecanismos legales permitirían a la UAEMéx eliminar el cobro de cuotas escolares sin transgredir la normativa vigente? Y más aún: ¿cuenta el Gobierno del Estado de México con la solvencia financiera para respaldar esta medida?

Aunque la UAEMéx goza de autonomía, su funcionamiento depende en buena medida del presupuesto público estatal. Para el ejercicio fiscal de 2025, la universidad recibirá 6.437 millones de pesos, lo que representa un aumento del 3.71 % respecto al año anterior. El alza, de 230 millones de pesos, supera incluso los 150 millones que la institución había solicitado originalmente para operar con suficiencia.

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Frente a esta realidad, resulta preocupante que la Comisión de Educación —cuya responsabilidad central es garantizar el derecho a la educación pública— mantenga silencio. El debate sobre la gratuidad universitaria no solo es legítimo, sino urgente, en un contexto donde miles de estudiantes enfrentan barreras económicas para continuar su formación. Eludir la discusión no contribuye al fortalecimiento de la educación superior, ni responde al interés público que los legisladores están llamados a representar.

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