Hace poco más de una década que vengo escribiendo para AD Noticias. Recuerdo que, en agosto de 2015, publiqué un texto con el tema de la crisis hídrica. Ya para entonces había muchos elementos para advertir que el planeta entero tiene enfrente de sí un gran problema con el agua y su administración. En esa oportunidad advertíamos que en los últimos años el consumo de agua en algunos países del mundo creció hasta 75%, lo cual obligaba a encender los focos rojos de alerta por la sostenibilidad del acceso a este líquido. También se advertía que para el ya muy próximo 2031 el déficit mundial de agua será de 40%, lo que se traduciría en que más de tres mil millones de habitantes del planeta tendría problemas para acceder a ella.
Una década más tarde, se debate hoy en nuestro país la pertinencia de una nueva Ley de Aguas que, para decirlo en términos simples, está planteando un control más estricto sobre ella. Los argumentos esgrimidos para justificar la iniciativa de ley son, en primer lugar, que se logrará tener un sistema de concesiones ordenado, en el que Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua. En segundo lugar, que se podría acabar con el «mercado negro» del agua y, además, que se podrían tipificar delitos hídricos, como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, desvío ilegal del flujo o cauce natural, entre otros. En tercer término -se ha dicho- se trataría de eliminar prácticas de «acaparamiento» y garantizar el binomio «tierra-agua», para que los títulos de concesión puedan ser heredados con el mismo volumen, para el mismo uso y con la vigencia del título original. Y, por último, fortalecer el procedimiento para la imposición de sanciones y multas.
En respuesta a esta iniciativa, algunas voces se han alzado para señalar que hay varios problemas en este intento de reforma legal. Se acusa que la misma desaparece la figura de transmisión de derechos de agua, impidiendo que se pueda heredar o ceder los derechos de agua. También se afirma que tramitar las prórrogas de las concesiones serán un problema burocrático, que se incrementarán las sanciones (incluyendo la cárcel), e incluso se ha señalado de manera crítica que se busca regular la captación de agua pluvial.
Es evidente que se trata de un replanteamiento de las condiciones en las que se estuvo manejando el agua en nuestro país en las últimas décadas. Queda claro que una durante los sexenios que van de Salinas de Gortari a Peña Nieto, el país se sumó a la tendencia global a “desregular”. Es decir, se generaron leyes y prácticas institucionales que se encaminaban a “liberar los mercados”, reducir la intervención del Estado y eliminar “trabas burocráticas” a las fuerzas económicas para generar crecimiento y -se suponía- mejores condiciones de vida para todos.
Pero, como decía el reconocido sociólogo francés Bruno Latour, lo que se “desreguló” fue realmente todo lo que protegía a las clases medias y bajas, a los territorios y al planeta (protección social, normas ambientales, impuestos progresivos, controles a la financiarización, límites a la extracción de recursos, etc.). Lo dice así en su libro Dónde Aterrizar: “La desregulación ha sido la forma más sofisticada y más violenta de regulación que jamás se haya inventado: una regulación que regula únicamente en beneficio de unos pocos y que desregula todo lo que podría limitar su expansión”.
Así ocurrió con la Ley de Aguas vigente en el país (expedida en 1992). La misma fue diseñada bajo la óptica de que el agua es un recurso (una mercancía) y que en manos de la iniciativa privada (de particulares) sería aprovechada de la mejor manera, sobre todo hablando en términos productivos. Pero, como argumenta el mismo Latour, la desregulación en materia de recursos como el agua o la tierra es un mecanismo para deshacerse de la responsabilidad compartida respecto al planeta.
Creo que se trata de una discusión acerca de cómo el agua es de interés para todos, no sólo para los sectores productivos. No se trata de una mercancía que quienes puedan pagar por ella la tengan y quienes no, pues se amuelan. Y es que, bajo el esquema de las concesiones, hay un grupo de personas y empresas que parecen ya tener resuelto su problema de acceder al agua; parecen estar “a salvo” del problema de la escasez. Ellos creen haberse “escapado” de ese problema que tenemos todos de que el agua es finita: tienen la sensación de que, tras haber obtenido el título de concesión (mismo que hasta podían heredar o vender), están en una circunstancia distinta a los demás.
En este sentido, el intento por volver a regular el agua tiene que ser visto como un retorno al principio básico de que el del agua es un problema de todos, tienen que visibilizarse las cadenas de interdependencia: todos tenemos derecho al agua y todos somos responsables de cuidarla. Bajo el esquema de concesiones, es común encontrar que grandes corporativos tienen acceso a millones y millones de metros cúbicos de agua, mientras en la misma región no llega a las casas de manera corriente. Ello se debe a que no está en la actual legislación puesto con toda claridad que el consumo humano es la prioridad.
Actualmente, la constitución dice que el agua es un derecho humano. Ello significa que la vida de las personas no puede entenderse completa sin el acceso al agua. Pero en los hechos, hay una muy grave desigualdad en el acceso. En ese sentido, regularla debe servir, primero, para establecer la prelación en las asignaciones: primero, el consumo humano y, luego, el uso agrícola, industrial, comercial, etc. Pero durante los últimos tiempos, el poder económico ha logrado imponerse en ese orden de prelación y, entonces, en una zona con estrés hídrico como es el valle de Toluca, tenemos embotelladoras que extraen cantidades ingentes de agua, en tanto que los barrios y colonias populares pasan meses sin acceso regular.
Tanto los habitantes de esas localidades como los industriales tenemos el mismo problema, queremos tener acceso al agua. Aceptado esto, hay que asumir enseguida que todos vamos en el mismo barco, que a todos interesa un adecuado, racional y eficiente manejo de la misma, de no ser así, los problemas se agravan y algunos se pretenden al margen de ellos.
¿Es necesaria una nueva regulación? Yo creo que sí. ¿De qué tipo? Aquella que reestablezca la necesidad y la responsabilidad de todos y que deje bien claro que lo primero es el acceso al consumo humano y después todo lo demás.
