El 22 de julio, los accesos a Tejupilco, Valle de Bravo, Temascaltepec y Luvianos amanecieron bloqueados por transportistas y taxistas. No fue una protesta cualquiera. Horas antes, fuerzas federales y estatales habían desplegado la Operación Liberación, una ofensiva de gran escala contra células de la Nueva Familia Michoacana; el mensaje era claro: el crimen organizado no solo se defiende con armas, también con sindicatos y rutas de transporte público.
El fiscal mexiquense, José Luis Cervantes, lo dijo sin rodeos: “actuaron como halcones”. La acusación no es nueva, pero sí frontal. En conferencia de prensa, Cervantes aseguró que los sindicatos de transporte en la región sirvieron como red de alerta, obstaculizando la operación de las autoridades.
¿Por qué un gremio históricamente precarizado termina convertido en escudo protector del crimen organizado? La respuesta está en el sur profundo del Estado de México, donde la colindancia con Michoacán no solo es geográfica, sino estructural.
“Es la misma forma de operar que ya tienen en Michoacán. Lo hacen a través de los transportistas porque fueron los primeros a los que comenzaron a extorsionar. O cumplen o los obligan, y así los introducen a la célula del crimen”, explica en entrevista Cristina Eugenia Pablo Dorantes, catedrática de la Facultad de Derecho de la UAEMéx y especialista en prevención del delito.
Extorsión, halconeo y complicidad institucional
En los municipios del sur, ser transportista implica una decisión forzada: colaborar o desaparecer. La extorsión dejó de ser solo monetaria: ahora también exige acciones, favores logísticos, información. Y si el dinero escasea, “colaboras en especie”.
“Si no tienes dinero, cumples con esto. Es una manera de obligarlos, de extorsionarlos ya no con efectivo, sino con acciones para presionar y hacer crecer la célula”, afirma la académica.
El caso de los taxistas es todavía más crítico. Sus unidades, su conocimiento del territorio y su relación cotidiana con los habitantes los convierte en piezas clave para la operación criminal: son los ojos y oídos del cártel.
“Efectivamente, trabajan como halcones. Conocen a los habitantes, saben quién llega, quién compra, quién vende terrenos. Eso les facilita dar información”, señala Pablo Dorantes.
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El problema no es nuevo, pero sí más visible
Las rutas del transporte colectivo, particularmente los taxis que operan sin regulación estatal, se han convertido en infraestructura criminal. La falta de control sobre concesiones y duplicidad de placas —un problema de vieja data en el Edomex— abrió la puerta para que grupos criminales colonizaran la movilidad.
“Desde hace mucho tiempo en Valle de Bravo hay transporte público que no está regularizado, hay taxis piratas y no se puso orden. ¿Quién ha permitido todo esto? El mismo gobierno”, lanza la especialista.
Lo que antes era un “problema administrativo” se volvió una herramienta clave del crimen organizado. Y aunque la operación Enjambre, en enero, y ahora la Operación Liberación, muestran una respuesta coordinada del Estado, la impunidad sigue siendo el principal combustible.
“El crimen organizado no avanza sin la complacencia del gobierno. Se detecta, se informa, se sabe cuál es la actividad y no se hace nada”, acusa.
La diversificación del crimen: del pollo al material de construcción
Más allá del transporte, la Nueva Familia Michoacana ha diversificado sus fuentes de control económico: materiales de construcción, alimentos, insumos básicos. En regiones turísticas como Valle de Bravo o Villa Victoria, el crimen controla cadenas completas de suministro.
“Tienen que comprar el material de construcción a ellos, es una forma de lavado de dinero. También venden pollo, tortillas, huevo, todo a como ellos digan. Villa Victoria tiene los costos del kilo de huevo más alto. Afectan a toda la comunidad”, explica.
El crimen se volvió una empresa total: controla el transporte, la obra pública, la alimentación y la información territorial. La extorsión ya no es contra un individuo: es una forma paralela de gobernar.
¿Y el Estado?
Para Pablo Dorantes, el problema es estructural: falta prevención, sanción y voluntad. La respuesta no puede reducirse a operativos violentos o esporádicos. Hace falta, al mismo tiempo, reconstruir el orden en sectores estratégicos como el transporte y el comercio local.
“La seguridad ciudadana no solo es seguridad pública o combate al crimen. Es también prevención. Y si no se regula el transporte, si no se vigila quién vende materiales, entonces seguirán teniendo más beneficios del crimen que del Estado”, alerta.
Denunciar, dice, es hoy la única vía ciudadana. Pero incluso eso implica riesgos. “La ciudadanía no lo hace porque tiene miedo. Miedo a perder su vida, su patrimonio, su familia”.
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Un escudo con forma de ruta
El sur del Estado de México es un espejo de lo que ya ocurrió en Michoacán. La colusión de autoridades municipales, el abandono institucional, la desigualdad estructural y la colonización del transporte son parte de una misma ecuación.
Y en medio, miles de ciudadanos que necesitan subirse a un taxi para ir a trabajar, pero no saben si están alimentando —por necesidad— a la misma red criminal que los tiene secuestrados.
“El ciudadano común ve una base de taxis colectivos y sube. No hay otra forma de moverse. Así es como el crimen se infiltra, y así es como se queda”.
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