Una veintena de ex funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) serán llevados ante un juez por su presunta participación en la firma de contratos con los que se concretó la construcción de ocho penales federales en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el periódico La Jornada, esos contratos establecían un pago de más de 270 mil millones de pesos y en su firma participaron Celina Oseguera y Gonzalo Villarreal Guerra, ex titulares del organismo referido. Ambos fueron llamados a comparecer.
La nota preparada por Gustavo Castillo y César Arellano también refiere que la indagatoria fue presentada durante la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, después de considerar que hubo acciones ilegales cuando se adjudicaron contratos para la construcción de centros penitenciarios en Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.
El próximo 23 de junio comparecerán Sergio Montaño Fernández, exoficial mayor de la anterior Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP); Arturo Sosa Viderique, director general de Administración del OADPRS; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de Adquisiciones de los centros federales; y Paulo Uribe Arriaga, funcionario de alto rango en los penales y presunto responsable de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», en julio de 2015.
También fueron llamados, Miguel Vital Hernández, director general adjunto de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del Oadprs; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de apoyo operativo, y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de prevención y readaptación social.
Asimismo, Sergio Alberto Martínez Castuera, que colaboró como coordinador de penales federales durante la gestión de Alfonso Durazo; el general Salvador Camacho Aguirre, quien formó parte de los mandos de la Policía Federal durante los operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán, donde se acusó a los agentes de cometer violaciones a los derechos humanos.