La población LGBTTTIQ+ en los centros penitenciarios de México ha sido históricamente invisibilizada y gravemente desatendida. Hasta antes de 2019, los sistemas penitenciarios del país no contaban con una clasificación que identificara la orientación sexual o identidad de género de las personas privadas de la libertad, limitándose a catalogar a aquellas que padecían VIH o SIDA.
José Luis Gutiérrez Román, director general de la Asociación Legal por los Derechos Legales, Asilegal, compartió en entrevista para AD Noticias la situación de miembros de esta comunidad en los penales del país y en el Estado de México.
Las condiciones que enfrentan las personas LGBTTTIQ+ en centros penitenciarios son de abuso y violaciones sistemáticas a sus derechos debido a la falta de sensibilidad sobre su identidad de género y orientación sexual.
En lugar de ser ubicadas de acuerdo con dichos aspectos, o contar con un espacio independiente, son asignadas a zonas de reclusión basadas en su sexo biológico, lo que las deja expuestas a maltratos y humillaciones constantes, tanto por parte de otras personas privadas de la libertad como de los custodios.
Gutiérrez Román expuso que entre los abusos más comunes se encuentran la imposición de vestimenta que no corresponde con su identidad de género, obligar a las mujeres trans a usar ropa de varón, el corte forzado de su cabello, entre muchos otros.
Estas acciones, externó el activista, representan una violación a sus derechos y son formas de violencia psicológica y física que buscan deshumanizarlas y eliminar su identidad.
Además, se reportan casos de abusos sexuales, que son perpetuados en un entorno donde la impunidad prevalece, dejando a las víctimas en una situación de indefensión extrema, sin acceso a mecanismos efectivos de protección.
“Las problemáticas son variadas, pero destacan la violencia física y psicológica, tanto por parte de otros reclusos como del personal penitenciario. En muchos casos, estas personas no son ubicadas correctamente dentro de los penales, lo que las expone a situaciones de peligro. Un ejemplo claro es el de las mujeres trans, quienes son recluidas en penales varoniles”, expuso.
Estado de México, un foco de problemas
Gutiérrez mencionó que el Estado de México destaca como una de las entidades con mayores problemáticas en su sistema penitenciario, caracterizado por el hacinamiento y la sobrepoblación.
A pesar de la gravedad de la situación, la entidad no cuenta con programas específicos para atender a este sector de la población, lo que contrasta con la Ciudad de México, donde existen iniciativas como “Clínica Condesa”, que ofrece atención médica y psicológica especializada.
Señaló que el Consejo Ciudadano para la Erradicación de la Discriminación de las Personas en Contextos de Vulnerabilidad, que depende de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no ha cumplido con su función de proteger a esta comunidad.
Población privada de la libertad
En México, hasta el 2023, el Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable registró a 3 mil 335 personas de la comunidad LGBTTTIQ+ privadas de su libertad.
De este total, 89.1 por ciento se encuentra en centros penitenciarios estatales, mientras que el 10.9 por ciento está recluido en centros federales.
Las entidades con mayor número de personas de esta comunidad en prisión son la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Sin embargo, se estima que existe un subregistro significativo.
Población LGBTTTIQ+ en centros penitenciarios mexicanos
- 1,078 personas se identifican como gays
- 575 como lesbianas
- 1,547 como bisexuales
- 91 como transgénero
- 35 como transexuales
- 4 como travestis
- 4 como intersexuales
- 1 como queer
En penales mexiquenses
- 116 son gays
- 65 son lesbianas
- 243 son bisexuales
- 13 son personas transgénero
No se han identificado personas intersexuales ni queer en los registros del Estado de México.
Los estados con mayor población de la diversidad sexual en sus cárceles son:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Jalisco
- Morelos
Delitos y sentencias
La mayoría de estas personas están cumpliendo sentencias por delitos como robo, homicidio y delitos contra la salud.
Las penas que purgan van desde 8 a 10 años por robo, más de 30 años por homicidio, y hasta 50 años por secuestro, aunque estos últimos casos no son la mayoría.
Estigma social al salir de prisión
Para el entrevistado, al recuperar la libertad, las personas de esta comunidad enfrentan un estigma que dificulta su reintegración en la sociedad. Además de la discriminación que padecen por su orientación sexual o identidad de género, enfrentan la marca adicional de haber estado en prisión, lo que les cierra muchas puertas, perpetuando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad.
