La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y actuar en contra de la Constitución. El pasado viernes 10 de junio, fue sentenciada por las protestas violentas que llevaron a la renuncia y exilio de su antecesor, Evo Morales.
En 2019 se autoproclamó presidenta en un llamado golpe de Estado –denominado así por el partido de Morales–; los abogados de Áñez argumentaron que sus acciones no se trataban de un golpe de Estado; sino de un abuso de poder por parte de Morales, lo que desencadenó un levantamiento en las calles de Bolivia.
«Toda Bolivia sabe que no se cometió ninguno de los delitos de los que se me acusa», expuso la expresidenta
en su audiencia.
Esta resolución fue solo una de los distintos procesos que hay en su contra. La política de 54 años se encuentra presa desde hace más de un año.
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La exmandataria fue juzgada sin inmunidad. Por protocolo ante la pandemia de coronavirus, no se le permitió estar en la corte y siguió la audiencia de forma virtual desde la prisión.
“Hice lo que tenía que hacer. Asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”, declaró.
La Ley de Bolivia
Áñez era segunda vicepresidenta del Senado; por lo que se considera faltó a sus deberes como funcionaria pública; pues, debió convocar a una reunión parlamentaria con suficiente quórum, en la que se trataran las renuncias de Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los presidentes de las cámaras de diputados y senadores; posteriormente, se decidiría a quién le correspondería ocupar el cargo del Ejecutivo; sin embargo, prefirió proclamarse presidenta en una sesión sin quórum.
Con información de euronews y El País