Pareciera que, a manera de despedida, el Coneval ha publicado su “Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2024” hace apenas unos días. Con plena conciencia de que muy probablemente terminen desapareciendo (como parte de la iniciativa para extinguir los organismos autónomos de la que hablamos en este espacio la semana anterior), el Coneval dice: “Con este Informe, el CONEVAL pone a disposición de la siguiente administración pública federal evidencia para la planeación de la política de desarrollo social 2024-2030.”
Este tipo de informes los ha venido presentando dicho organismo desde hace ya muchos años, pero en esta ocasión se vuelve especial dada la posibilidad de que sea el último, antes de que se le extienda acta de defunción.
Se trata de un documento de 175 páginas, con datos socioeconómicos del país hasta el año 2022 y con análisis y proyecciones de cara al mediano plazo. No es un documento que arroje resultados nuevos acerca de cómo ha impactado la política de desarrollo social en el país; más bien trata de ser propositivo.
Son varias las líneas sobre las cuales apunta sus recomendaciones: los desafíos pendientes, los problemas estructurales, los factores que podría derivar en insostenibilidad de la política social y el enfoque que considera más adecuado para planificar las acciones.
Sobre lo que queda pendiente para el gobierno que está por iniciar, el Coneval señala que las carencias por acceso a la seguridad social y a la salud son las de mayor incidencia a nivel nacional. Es decir, se advierte que, si bien los programas sociales han dado ingresos monetarios a las personas logrando que millones salgan de la condición de pobreza, no hay avances, sino retrocesos en el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social en general.
Recordemos que ya antes se había informado por parte de Coneval que salieron de la pobreza en este sexenio casi 6 millones de personas, pero se advirtieron las carencias en las distintas dimensiones con las que se mide la pobreza (salud, vivienda, educación, seguridad social, nutrición y servicios públicos). Ahora reitera la sugerencia de que esto es algo que debe influir en las políticas que en materia de combate a la pobreza se emprendan en los siguientes años.
Por lo que hace a temas estructurales que impiden el desarrollo de las personas señala directamente que “existen brechas en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, población joven y personas adultas mayores: al interior de estos grupos las brechas se amplían particularmente en la población indígena, personas con discapacidad y mujeres”. Esto quiere decir, viven de manera muy diferente los niños y jóvenes en la ciudad que en las zonas rurales, o los indígenas y quienes no lo son; que aun entre un mismo grupo, como pueden ser los adultos mayores, hay distancias grandes entre unos y otros. La sugerencia es que se implementen apoyos diferenciados, que atiendan a las particularidades y a las necesidades de cada grupo.
Una recomendación más bien teórica es la de que en el siguiente gobierno federal la política de desarrollo social debería plantearse con el enfoque de “curso de vida” como una visión transversal. Esto implica ver a la vida de las personas como algo que ocurre de manera continúa, no parcializada, y que depende de la interacción con diferentes factores.
Y otra recomendación, más bien política, es la de implementar un sistema de cuidados universal con una visión de largo plazo y que se dirija a la primera infancia, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.
Lo que en lo personal me llama la atención es la recomendación que tiene que ver con el dinero para financiar la política social del gobierno, que arrancará en cosa de un mes. Dice el informe que se debería “impulsar y adoptar una estructura de impuestos progresivos que incremente la carga tributaria sobre los sectores más acaudalados, así como la diversificación de fuentes de ingresos del sistema, la introducción de impuestos sobre las ganancias de capital; y eliminar tratamientos especiales y estímulos que puedan distorsionar el sistema de impuestos, con el fin de enfrentar el desafío que representa el incremento del déficit fiscal y la deuda pública”.
Se trata, nada menos, que de una reforma fiscal. Sí —dice el Coneval— que para que siga siendo posible que haya programas sociales como los que implementó el gobierno saliente, es necesario cobrar más impuestos a quienes más tienen. Todos sabemos que en México hay un grupo muy reducido de multimillonarios y a ellos hay que cobrarles más impuestos. Su contribución debe ser proporcional a su riqueza: entre más tengas, más debes tributar.
El gobierno saliente no se atrevió a implementar una reforma fiscal, pero las estimaciones del Coneval es que si no se lleva a cabo, no va se podrá “garantizar su sostenibilidad en el largo plazo”. No es la única voz que ha señalado esto, por lo cual es necesario ir ponderando que tarde o temprano tendrá que modificarse la manera de pagar impuestos en el país, sobre todo si continúa vigente la visión abatir la ominosa desigualdad que persiste en México.
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