Vecinos de la comunidad indígena San Sebastián Atlatelco, en Zumpango, denuncian que la ampliación de la red hidráulica emprendida por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) estaría favoreciendo a desarrollos y establecimientos de gran tamaño.
Esto mientras pone en riesgo el suministro del sistema comunitario que abastece a la localidad. “Aquí el agua sí sale, pero rumbo al negocio de unos cuantos”, reprochó un habitante.
De acuerdo con el organismo, los trabajos responden a solicitudes de usuarios y negocios que requieren un suministro constante. Sin embargo, habitantes de la comunidad sostienen que la intervención impacta la misma cuenca que históricamente ha surtido a Atlatelco.
Antonio Lara Duque, abogado especialista en derechos humanos, quien acompaña el caso de cerca y entrevistamos para profundizar en la situación, señaló que “al final, se está extrayendo el recurso que, en realidad, le pertenecería a los sistemas comunitarios”.
El Ayuntamiento, por su parte, aseguró mediante un comunicado que cuenta con los permisos correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la administración de los pozos involucrados y afirmó que las obras no afectan el territorio mencionado.
No obstante, integrantes del sistema comunitario advierten que la redistribución del caudal podría alterar el equilibrio del abastecimiento local.
Lara Duque recordó que desde administraciones pasadas se proyectaron desarrollos urbanos de gran escala en Zumpango, lo que —afirma— ha incrementado la presión sobre los recursos hídricos de la región. Además, hizo énfasis en la necesidad de un manejo sustentable del agua:
“El problema de este choque de intereses radica en que los ayuntamientos, los gobiernos estatales e incluso federales ven el agua como un lucro, una mercancía (…), la disponen para desarrollos inmobiliarios e incluso industriales, por encima del consumo personal y doméstico. Los sistemas comunitarios lo hacen al revés”.
Protesta y confrontación
El viernes 20 de febrero, sobre la carretera Zumpango–Reyes, ciudadanos vinculados con la defensoría del agua de San Sebastián Atlatelco advirtieron que los trabajos realizados por el Ayuntamiento estaban dañando la red hidráulica comunitaria. Ante ello, solicitaron detener la maquinaria y entablar un diálogo con la alcaldesa.
Durante el desarrollo de la protesta, un grupo de personas arribó al lugar y se generó un disturbio que derivó en la intervención de la policía municipal. En el altercado, Aram León, presidente de la Comisión de Agua Potable de la comunidad indígena, resultó lesionado y denunció un intento de detención arbitraria que fue impedido por habitantes del lugar.
Las autoridades municipales calificaron los hechos como un disturbio derivado de un bloqueo parcial en la carretera y señalaron que la intervención policial respondió a esa situación.
Lara Duque consideró “muy desafortunada” la actuación oficial y sostuvo que “el camino de la represión, la intimidación y la persecución muchos entendemos que ya quedó atrás (…) Tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas”.
Pronunciamientos y llamado al diálogo
El 25 de febrero, se realizó el conversatorio “Gestión Comunitaria del Agua y el Papel del Municipio frente a la nueva Ley General de Aguas”, con la participación del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), la Red Nacional de Comités y Sistemas Comunitarios de Agua y otras organizaciones civiles.
Durante el encuentro, las asociaciones se pronunciaron en favor de las garantías individuales y colectivas de los habitantes de San Sebastián Atlatelco, subrayaron la protesta como un ejercicio legítimo de libertad y autodeterminación de los pueblos sobre sus recursos, y realizaron un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para esclarecer los hechos y atender el agravio denunciado por la comunidad.
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