El fraccionamiento Villas del Campo, en Calimaya, continúa siendo víctima de presiones por parte del Ayuntamiento, luego de negarse a entregar la operación de sus servicios al Gobierno municipal.
El pasado 3 de marzo, un grupo de alrededor de 25 vecinos acudió a la Presidencia Municipal para presentar un escrito en el que solicitaban nuevamente el comodato correspondiente. Sin embargo, fueron objeto de amenazas y de la retención ilegal de sus documentos.
Fernando Tonatiuh Mendoza García, representante legal de la Asociación de Colonos del conjunto, explicó que los hechos ocurrieron a las 17:35 horas del pasado lunes 23 de marzo, cuando los vecinos, acompañados de un notario público y abogados, buscaban dar formalidad al trámite.
No obstante, personal del Ayuntamiento retuvo tanto el documento original como el acuse de recibo, sin entregar constancia de su presentación.
“Fuimos amenazados y rodeados por más de 20 policías con ser remitidos a la cárcel, en un claro intento de intimidación por ejercer nuestro derecho de petición”, denunció.
Indicó que el notario presente ya prepara una fe de hechos para dejar constancia formal de lo ocurrido.
Señalan abuso de autoridad
El representante legal afirmó que estos hechos podrían constituir abuso de autoridad y reflejan un intento de obstaculizar la participación ciudadana.
“Refleja prácticas preocupantes dentro de la administración municipal de Calimaya”, señaló.
Así mismo, sostuvo que lo ocurrido no es un caso aislado, sino parte de un esquema que se ha replicado en otros fraccionamientos, donde se condiciona la renovación de comodatos a la entrega de bienes, lo que calificó como un posible mecanismo de extorsión.
Denuncias sin respuesta
Mendoza García recordó que, desde el inicio de la administración encabezada por Omar Guillermo Sánchez Velázquez, han enfrentado presiones para permitir la operación de empresas vinculadas con exfuncionarios, como Bernardo Izquierdo Luna, ex director de Desarrollo Urbano, dentro del fraccionamiento.
De acuerdo con el abogado, se han presentado al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Sin embargo, no han obtenido respuesta
Última advertencia
El conflicto se intensificó el pasado 23 de febrero, cuando la asociación —que representa a más de 3 000 familias— recibió un oficio firmado por el alcalde, en el que se les otorgaba un plazo de 48 horas para entregar diversas áreas bajo su administración, entre ellas el pórtico de acceso, casetas de vigilancia, oficinas y áreas verdes.
Derivado de ese requerimiento, es que la comunidad decidió presentar un escrito para solicitar la actualización del comodato.
Llamado a autoridades
Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado al fiscal estatal y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que intervengan en el conflicto, que aún no ha tenido eco.
El representante legal reiteró que no existe precedente en la entidad de una intervención municipal de esta magnitud en un fraccionamiento que, además, opera en condiciones adecuadas.
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