Las 19 personas detenidas por los ataques registrados a locales de la cadena Oxxo, en los estados de México e Hidalgo el mes pasado, fueron consignados a diferentes penales.
De acuerdo con información de Excelsior, los detenidos fueron puestos a disposición de jueces federales, como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), los sospechosos aceptaron su participación en los ataques a las tiendas de conveniencia, y algunos dijeron ser integrantes del grupo llamado Los Caballeros Templarios.
El Ministerio Público Federal estableció que la delincuencia organizada se dio en la modalidad de delitos contra la salud, debido a que los detenidos tenían en su poder diferentes cantidades de cocaína y metanfetaminas, para su comercialización.
Otra vertiente de la delincuencia organizada se detectó, cuando como parte de las investigaciones algunos de los detenidos tenían privada de la libertad a una persona, en un inmueble de Huehuetoca, Estado de México.
La portación de armas fue imputada a los detenidos luego de que se les aseguraron siete armas largas y siete cortas, así como cartuchos útiles para las mismas.
Luego de que se anunció el Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad en Michoacán, el pasado 13 de enero del presente año, se cometieron una serie de ataques a tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo, el día 20 del mismo mes.
Se detectó que las agresiones formaron parte de las represalia a la intervención de las fuerzas federales en diversos municipios de Michoacán, por parte del grupo de Los Caballeros Templarios.
Las investigaciones de las autoridades federales, encabezadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, llevaron a la detención de los presuntos responsables de los ataques, el pasado 22 de enero.
De los detenidos, siete fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, ubicado en Puente Grande, Jalisco; otros dos al Cefereso 3 de Matamoros, Tamaulipas, y los diez restantes al Cefereso 4 de Tepic, Nayarit.
Los jueces que reciben las causas penales cuentan con 48 horas para definir si abren un juicio o no en contra de los presuntos responsables.