Hace poco más de un año, en septiembre del 2023, publiqué en este mismo espacio un texto al que titulaba ¿Será mucho pedir un constituyente? A través de él señalaba la pertinencia de hacerse la siguiente pregunta: ¿necesitamos un nuevo constituyente que, de una manera plural, democrática, incluyente re-defina qué es aquello que necesita nuestra sociedad para darse un orden normativo que la haga viable, sostenible y con horizonte de futuro para todos? Bueno, pues han pasado 14 meses de ello, tenemos una nueva titular del Poder Ejecutivo Federal, una nueva integración del Poder Legislativo y está en curso la integración de un nuevo Poder Judicial de la Federación. Muchas cosas han cambiado.
Adicionalmente, esta nueva correlación de fuerzas políticas en el país está propiciando numerosas reformas a la Constitución que nos autorizan a señalar que en cuestión de semanas o meses tendremos una Carta Magna igual, pero distinta. Será así como encuentre cause lo que parecía inminente desde hace ya algunos años: que necesitábamos consignar en nuestra ley suprema una serie de lineamientos para gestionar el que sigo sosteniendo que es el conflicto central en México hoy: la desigualdad.
Sabemos todos que la Constitución vigente en el país data de 1917. También sabemos que fue elaborada en el marco de la revuelta armada que se organizó para terminar con el régimen consolidado en gran parte del siglo XIX, pero heredero de un pasado colonial imborrable. Pero debemos añadir que, en un periodo que fue de los años 80 a 2018, se implementaron innumerables reformas constitucionales, la mayoría de ellas para delinear un régimen de corte neoliberal. Fue así porque el mundo viró hacia ese modelo económico y político desde finales del siglo XX. Los gobernantes del país en ese periodo se alinearon con ello y ajustaron la Constitución para estar al servicio del mencionado modelo.
Ocurrió, sin embargo, que en el año 2018 la gente votó por una opción que abiertamente dijo oponerse a ese modelo neoliberal. El expresidente López Obrador venía sosteniendo durante sus tres campañas presidenciales que era preciso desmarcarse del neoliberalismo y resumió en una frase lo que buscaría hacer desde el gobierno: “por el bien de todos, primero los pobres”. Durante sus casi seis años de gobierno no se hicieron mayores reformas constitucionales; sin embargo, antes de irse, propuso numerosas: en materia económica, jurídica, política y sus derivados. Con el resultado de las elecciones de junio pasado se generaron las condiciones para que dichas iniciativas de reforma fueran aprobadas.
Ya son varias las que se han aprobado, pero vienen más. Ya se aprobó la que reforma al Poder Judicial, la que reconoce derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas, la que eleva a rango constitucional varios programas sociales, la que regula la industria energética, la que regula el salario mínimo y la que traslada la Guardia Nacional a la SEDENA. Pero vienen más: están en el futuro inmediato como posibles reformas la que disminuye la jornada laboral, la que re-organiza el sistema electoral, la que extingue varios organismos autónomos, la que cubre con pensiones universales a ciertos sectores de la población, la que regula el uso del agua y la que limita los salarios de los servidores públicos, más las que se acumulen.
La mayoría de estas reformas son contra-reformas. Es decir, se trata de modificaciones que buscan eliminar o, por lo menos, modificar, las condiciones puestas en el texto constitucional por los gobiernos priístas y panistas de las últimas 4 décadas. Ahora, preguntemos: ¿era la mejor manera de darnos una nueva constitución? Yo pienso que no. ¿Por qué? Pues porque un sector considerable de la población no se siente partícipe del proceso. Esos sectores que se identifican con la libre empresa, con la meritocracia, con la globalización y que están en desacuerdo con los programas sociales, con la redistribución de la riqueza, con limitar al poder económico y con involucrar a la ciudadanía general en la toma de decisiones, no sentirán formar parte de la nación que hora tiene nuevas reglas constitucionales.
Recordemos una cosa que ya decíamos en el texto de hace más de un año publicado aquí mismo: la teoría jurídica indica que las normas constituyentes de cualquier orden social tienen por objetivo definir los conflictos relevantes dentro de tal sistema y luego regularlos. Pero definir eso es mejor, incluyendo a todos que hacer solo desde un punto de vista. Es verdad, mediante votación universal, libre y directa, los mexicanos decidieron dar mayoría legislativa (y, por ello, constituyente) a una opción política, pero no es la única. Nos gusten o no, hay otras opciones en el espectro político y tienen militancia, tienen gente que vota por sus opciones. Bueno, pues ese sector va a rechazar, a desconocer, a demeritar todas estas reformas que están quedando plasmadas en la Constitución.
El que haya ese estigma sobre las nuevas normativas generales de la sociedad mexicana tiene la grave consecuencia de dejarlas en una posición no sólida. En cuanto tengan la menor oportunidad de revertirlas, los que hoy son oposición, pero pueden volver a ser gobierno, lo van a hacer. Así, esta “nueva” constitución que se está configurando con las modificaciones en curso, no termina por cumplir ese requisito indispensable de que la regla base del orden normativo sea producto de consenso, deliberación seria e incluyente. Cuando no se hace así, la vida de esa Constitución se ve limitada por el arribo de una nueva posición política al aparato de gobierno. Eso no es deseable por ningún lado que se le vea.
La otra opción era convocar a un Congreso Constituyente, pero con la seriedad del caso y, lamentablemente, los actores políticos que hoy tenemos en escena para nada irradian eso. Como sea, ya en breve tendremos una Constitución igual, pero distinta.
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