La obra de remodelación en la parroquia de San Cristóbal Huichochitlán, al norte del municipio de Toluca, mantiene dividida a la comunidad indígena y se encuentra sujeta a resolución judicial, luego de que habitantes promovieran amparos por presuntas violaciones al derecho de consulta previa y posibles afectaciones al patrimonio histórico.
Mientras un sector de la población considera que la construcción representa un riesgo para un inmueble de origen colonial, otros defienden el proyecto. Lo ven como una mejora funcional y social para la parroquia.
Aunque la confrontación de posturas ha escalado del ámbito comunitario a instancias federales.
Detalles del proyecto
Durante un recorrido realizado por AD Noticias, se constató la existencia de materiales de construcción (grava y varilla) en el inmueble, ubicado sobre la calzada Julio Romero.
Sin embargo, al solicitar información a la Fiscalía Parroquial no se obtuvo respuesta, bajo el argumento de que sus integrantes se encontraban en reunión.
En entrevistas con locatarios y vecinos, la mayoría manifestó desconocer los detalles del proyecto.
Solo una habitante expresó su respaldo a la obra y confirmó haber aportado recursos económicos, aunque reconoció que existe oposición interna.
De acuerdo con información difundida por la propia comunidad, el proyecto fue gestionado desde 2018. La primera piedra se colocó el 21 de julio de 2019. Durante la pandemia los trabajos continuaron y, en 2023, se inició el colado de la estructura.
El proyecto contempla un sótano con capacidad para 5 000 criptas, seis salones y un auditorio. El templo pasaría de una capacidad de 90 personas sentadas a un aforo estimado de 1 400 asistentes y más de 2 000 personas en eventos masivos.
Irregularidades
En redes sociales, a través de un video en Facebook, se acusa que la modificación fue impulsada por el actual sacerdote sin una consulta previa a los habitantes.
Además, se señalan presuntas alteraciones estructurales y el retiro de restos humanos bajo el templo.
El delegado de la comunidad y dos pobladores afirmaron que sí se retiraron restos óseos. Pero aclararon que este procedimiento ocurrió hace más de seis años. Así mismo, afirmaron que no está vinculado directamente con la obra actual, sino con traslados al panteón general.
Tomás, ejidatario de la comunidad, informó que la construcción se encuentra en pausa desde abril pasado por incumplir con los lineamientos del INAH.
Detalló que la autorización original contemplaba 1 237 metros cuadrados, mientras que la obra actual abarca 2 452 metros cuadrados.
Así mismo, explicó que el permiso solo consideraba dos niveles, pero la edificación existente alcanza tres pisos.
Especialistas en arqueología y antropología advirtieron que hacen falta estudios técnicos clave. Por ejemplo, el escarpio estructural, lo que podría implicar riesgo de colapso.
Proceso legal
El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que se promovieron dos juicios de amparo: uno por omisión administrativa y otro por la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas. Ambos recursos obtuvieron sentencias favorables.
Con el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se llevará a cabo una consulta comunitaria mediante votación a mano alzada. Se espera que la población estimada en 21 000 personas participe.
Hasta que se conozcan los resultados, la obra deberá permanecer detenida.
Mientras los juzgados analizan el fondo del conflicto y se prepara la consulta indígena, la parroquia de San Cristóbal Huichochitlán permanece como epicentro de una disputa que cruza identidad comunitaria, patrimonio histórico, legalidad y uso del espacio público.
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