Toluca, México; 6 de febrero de 2019. El contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia, por la parte de conducta, sobre "aviadores" en el ayuntamiento de Toluca: "aquí no ha habido ninguna denuncia de ese tipo, lo he leído pero no lo tengo denunciado […] pero mil aviadores es un exceso".
El pasado 25 de enero, en sesión ordinaria de cabildo, el alcalde de la capital mexiquense, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, comentó que la administración saliente a cargo de Fernando Zamora Morales dejó "mil plazas sin justificación alguna", entre ellos, dijo, 80 analistas. Ricardo Moreno, secretario del ayuntamiento, sostuvo que esta cantidad, al menos 45 de ellos, se encuentran en la secretaria a su cargo.
Aunque hasta el momento, el alcalde no ha presentado avances sobre el tema, el contralor de la Cámara de Diputados sostuvo que para detectar a personal que cobra pero no labora en las dependencias es necesario llevar a cabo una auditoría financiera y administrativa.
En entrevista para Alfa Diario, Barrios Dávalos reveló que contratar aviadores representa un fraude a la población. Sin embargo, dijo, detectarlos en los municipios es un proceso complicado que corresponde a la contraloría municipal darle seguimiento: es muy difícil porque los puedes acusar de todo, de corruptos pero no se tarugos […] si tienen un aviador sabe que está cobrando indebidamente, no te va a decir que sí y el otro está obteniendo un beneficio porque muchas veces conparte con el que lo contrata el producto mal habido".
No obstante detalló, que es un proceso que la administración entrante puede notar la primera quincena de enero.
En caso de comprobarse la existencia de aviadores en Toluca, los responsables de realizar dicha acción son el presidente municipal y los encargados del área, aunque la responsabilidad podría recaer en todos debido a que es obligación de los ayuntamientos comprobar todo cargo o comisión que se desempeñe dentro del municipio, según establece el Código Financiero mexiquense.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México, establece cinco tipos de sanciones: amonestación, suspensión del cargo, inhabilitación, pago económico y destitución del cargo. Las relacionadas a la conducta son emitidas por la Contraloría legislativa y las económicas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfem).
Hoy, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, mencionó que se continúan investigando las mil plazas sin justificar. No obstante, precisó que esto puede tardar semanas, ya que, el gobierno saliente creó una figura conocida como analista especializado: “se sigue haciendo el estudio respectivo y no lo vamos a parar, la petición es detectar y ahora tenemos cientos y cientos de analistas”.
Tardarán más de un mes para saber si hay aviadores en Toluca
Toluca, México; 30 enero de 2018. Para investigar las supuestas mil plazas de aviadores que dejó la administración de Fernando Zamora tardarán entre 35 y 40 días, indicó Ricardo Moreno, secretario del ayuntamiento de Toluca.
En el municipio, hasta el corte de octubre de 2018, laboraban 4 mil 548 trabajadores según información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex); para el pago de nómina de estos trabajadores, en lo que corresponde a servicios personales, capítulo 1000, el municipio ha destinado mil 863 millones 89 mil 483 pesos.
De esta cifra, se habrían utilizado 410 millones 559 mil pesos para pagar a personal que no trabaja; ello, considerando que los presuntos aviadores se llevaran mensualmente más de 34 mil pesos cada uno. Esta es una estimación que se obtuvo dividiendo el prepuesto que se autorizó para el pago de sueldos entre todos los trabajadores, calculando que todos ellos reciban un ingreso similar.
La existencia de aviadores se considera corrupción
Los hechos de corrupción, tipificados en el Código Penal del Estado de México, pueden ser sancionados con cuatro y hasta 12 años de prisión, así como con la inhabilitación o destitución del cargo. Sin embargo, cada caso deberá valorarse de manera particular.
En esta categoría se encuentra a un servidor público que contrata a otro para simular que realiza una actividad, por la cual cobra un sueldo, así lo dio a conocer el catedrático de la Universidad Autónoma mexiquense (UAEMéx), Erick Garay Bravo.
El delito puede considerarse de acción u omisión “a sabiendas de que no se dio parte a las autoridades públicas o bien recibió dadivas del servidor público aviador”
En entrevista para Alfa Diario, el abogado comentó que es “un hecho arbitrario indebido con motivo de un servicio público […] El servidor público que es el aviador cobra un sueldo en detrimento del estado”. Por ello, es culpable tanto el funcionario público que contrata al personal aviador como quien incurre en este delito. “Es evidente que quien contrata puede recibir una dadiva por estas contrataciones […] O bien puede tener conocimiento de que ese servicio público no se está prestando”.
En caso de los ayuntamientos, manifestó que los principales responsables podrían ser el presidente municipal, el director de administración y el tesorero. No obstante, cualquier persona que tenga conocimiento sobre esta situación puede acudir ante las autoridades correspondientes.
Para ello, es indispensable que se presenten pruebas contundentes como “el nombramiento de los servidores públicos y sí hubo recepción de dadivas”, así como determinar la asistencia del empleado a las oficinas, documentar el pago de los sueldos, y elementos “que acrediten que ese servicio público no se prestó”.
“Hacer un buena investigación para determinar que servidores públicos de la administración pública o de cualquier esfera de gobierno tuvieron conocimiento de esta simulación […] el conocimiento es quien nos va a determinar el grado de participación porque muchas veces en organizaciones funcionales solamente los encargados materiales los que han hecho una revisión por ejemplo de asistencia, los que tienen funciones de supervisión y dirección, todos lo que tienen control con los servidores públicos, la responsabilidad puede centrarse básicamente en estos”.
El abogado indicó que contratar a este tipo de personal también podría considerarse un fraude a la administración pública, desvío de recursos y delito patrimonial, debido a que hay una utilización del fondo público para un acto ilícito: “es el erario público el que se ve afectado”
Por su parte, el doctor en administración pública, Édgar Guillermo Reyes Delgado, coincidió con la declaración del catedrático de la UAEMéx porque se están utilizando recursos del gobierno municipal.
El también segundo síndico municipal, durante la primera administración de Juan Rodolfo, sostuvo que el principal responsable de estos actos es el presidente municipal porque es quien otorga el visto bueno a la nómina “es quien se da cuenta que la partida mil de sueldos no se exceda con la orden del tesorero y de la dirección de administración”.
Añadió que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) es el encargado de vigilar cuantas personas se contratan dentro de un ayuntamiento. Sin embargo, detalló que no puede tener conocimiento de los aviadores debido a que la documentación de los mismos este en regla.
Édgar Guillermo Reyes Delgado indicó que el presidente municipal saliente queda 5 años bajo supervisión del OSFEM, en caso encontrar o no anomalías y después de haber pasado el tiempo de plazo, la dependencia decidirá liberarlo o consignarlo, en este último caso podría ser inhabilitación en el servicio público y sanción económica.
Señaló que la nómina del gobierno en turno entrante se elabora a partir de plazas que ya están establecidas, las cuales, contienen un salario que fue fijado con respecto al tabulador de sueldos del estado.
En ese sentido, dijo que se presenta la propuesta de nómina ante el cabildo para su aprobación, en caso de nuevas plazas los integrantes también tienen la responsabilidad de avalarla.