Por años, la Central de Abasto de Toluca (CAT) ha sido una gran fuente económica en la región: es el punto donde se compra la materia prima para miles de negocios y viviendas en la zona. Pero desde hace dos años, según denuncias de locatarios y documentos judiciales que han compartido a este medio, el centro de comercio más grande del Valle de Toluca opera bajo el control de un grupo vinculado con el crimen organizado, que ha logrado posicionarse en la administración mediante amenazas, extorsión y vínculos con autoridades.
Los comerciantes señalan directamente a Jesús, actual presidente de la administración; Luis, tesorero; y Sergio “N” , el jefe de seguridad de la CAT, recientemente detenido por el delito de extorsión y según señala un condómino, también ya fue vinculado a proceso. A los tres se les relaciona, según testimonios, con el grupo delictivo La Familia Michoacana y existen carpetas de investigación en su contra. El presidente y el tesorero, están prófugos.
“Nos tienen amenazados a todos. Si no pagas tu mantenimiento te golpean. Si no votas por ellos, te amenazan. Y nadie los quiere, la central es un caos”, denuncia un comerciante de comida que ha trabajado 13 años en la Central.
El incendio de 2023
El punto de quiebre, señala el comerciante, fue el incendio registrado en la madrugada del 10 de julio de 2023. En el que murieron nueve personas. Las víctimas ya habían recibido amenazas previas por resistirse al despojo de sus espacios.
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“Y nos queda claro que ellos tienen nexos [con el crimen organizado] y los culpables del incendio están afuera amenazándonos y nuestros otros compañeros están adentro sin ser culpables”, dice el locatario.
Ellos siguen presos con base en lo que sus familiares han denunciado como pruebas fabricadas y testigos falsos.
Aseguran que quien organizó la operación para inculparlos fue Jesús, el presidente, con ayuda de la Fiscalía de Homicidios y del hijo del propio presidente, quien trabaja como servidor público en la Fiscalía estatal.
Extorsión, armas y cuatro carpetas más
Las denuncias no se han detenido. En meses recientes, condóminos han entregado información a la Agencia de Investigación Criminal, instancia federal que tomó el caso después de que, según afirman, la Fiscalía Regional de Toluca estuviera coludida con los responsables.
Entre las carpetas figura la denuncia de un comerciante de limones que fue amenazado con armas por querer construir un sótano en su bodega. También aparece el caso de un abogado que hace un año defendió al presidente y al tesorero cuando fueron detenidos por extorsionar a un vendedor de mangos. Hoy, ese mismo abogado los denuncia por amenazas e intento de homicidio, luego de que se negaran a pagarle sus honorarios.
“Su propia gente confirma lo que nosotros decimos” afirma el comerciante.
El mercado más grande del Valle sin cabeza
Con la detención del jefe de seguridad Sergio Vázquez Vázquez y la fuga del presidente y tesorero, la Central de Abasto de Toluca ha quedado sin cabeza operativa. Según testimonios, la violencia ha aumentado, las instalaciones están en abandono y el miedo se ha impuesto.
Los denunciantes exigen que el Poder Judicial del Estado de México no vuelva a liberar a los responsables, como ya ocurrió en el pasado, y que la investigación federal avance sin obstáculos locales. Además, piden que se garantice la seguridad de quienes han alzado la voz.
“Nos juntamos varios compañeros condóminos ya para hacer público esto por qué no podemos estar a expensas de estas personas violentas”, dijo el comerciante.
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