La semana pasada un pequeño escándalo noticioso se desató cuando las comisiones del Senado de la República que analizan las candidaturas de distintos ciudadanos para convertirse en titulares de la Fiscalía Anticorrupción denunció la descalificación de dos de ellos por haber incurrido en plagio. Así es, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, María del Pilar Ortega Martínez, dio a conocer que dos de los aspirantes presentaban similitudes muy notorias en el ensayo que habían presentado como parte de los requisitos de participación y que por eso serían eliminados de la lista de participantes.
La primera impresión que dejó lo dicho por los senadores era que uno había copiado al otro, pero algunas investigaciones periodísticas posteriores revelaron igualmente que ambos había “copiado y pegado” diversos párrafos de un amparo en revisión que puso en línea la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte del procedimiento seguido a un juicio de amparo del año 2013, promovido por un trabajador de Pemex en contra de su despido.
Del mismo modo se logró saber que ambos aspirantes descalificados se desempeñan como agentes del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República. El caso amerita algunas reflexiones, porque no sólo nos pinta el tipo de escala de valores que manejan algunos personajes que son servidores públicos y que aspiraban a ocupar un sitio tan relevante como es la fiscalía especializada en corrupción. También se convierte en botón de muestra de una práctica que se ha venido generalizando en los ámbitos educativos para luego saltar a otras esferas; y la prueba de ello es que la propia presidenta de la Comisión senatorial que anunció la descalificación de ambos aspirantes, la senadora panista María del Pilar Ortega, previamente se había visto envuelta en un escándalo por plagio cuando estudió un posgrado en la Universidad de Harvard y presentó un trabajo que había copiado y pegado de documentos de la Secretaría de Energía en el sexenio de Felipe Calderón.
Como lo saben todos los profesores y estudiantes de los niveles Básico, Medio superior y Superior en México, “copiar y pegar” es una práctica habitual: es de lo más “normal” que un niño de primaria o de secundaria diga en su casa que le dejaron investigar algo en Internet y pida dinero para ir al “ciber” o se ponga a buscarlo en la computadora de la casa; y lo único que hace es teclear en Google o cualquier otro motor de búsqueda el tema, localizar un sitio que lo aborde, copiar eso y pegarlo en otro documento, o sencillamente imprimir el resultado de la búsqueda. A eso se limitan sus tareas en Internet; y así pasan de la Primaria a la Secundaria y a la Preparatoria hasta llegar a la educación universitaria, asumiendo que si la computadora permite entre sus funciones copiar y pegar, pues es algo que “se puede hacer”. Y, en efecto, todos lo podemos hacer, pero no deberíamos.
Y, sin embargo, que hasta el Presidente de la República lo haya hecho en su tesis de licenciatura y “no pase nada” parece extender licencia a todo mundo para realizarlo. Empero, es algo que no se debe permitir por varias razones; yo sólo destaco tres: porque se está robando el trabajo intelectual de alguien más para hacerlo pasar por propio, porque se evita realizar trabajo intelectual propio y, tercero, porque el fingir y engañar es uno de los males mas perniciosos que padece nuestra sociedad y que nos anula infinidad de horizontes, pues quedamos en manos de gobernantes que fingen interesarse por los problemas colectivos, de policías que fingen proteger, de partidos políticos que fingen representarnos, de medios de comunicación que fingen informarnos, de profesores que fingen enseñar, de alumnos que fingen aprender y la lista se puede prolongar. La impostura debe denunciarse y exhibirse siempre.
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