La construcción de complejos inmobiliarios y habitacionales sobre las zonas de cerros en el municipio de Atizapán de Zaragoza opera bajo un esquema de responsabilidades compartidas que el Gobierno municipal atribuye a la administración del Estado de México. Ante los señalamientos por el impacto urbano en el municipio, el Ayuntamiento argumenta que la autorización de las obras corresponde al Gobierno estatal mediante la expedición de permisos mayores.
Documentos presentados a AD Noticias por el activista local Eduardo de la Cruz exhiben el avance de obras de bloques de edificios departamentales sobre laderas desbrozadas en el municipio. El material correlaciona directamente esta expansión inmobiliaria con la disminución en la disponibilidad de agua potable y el aumento del tráfico vehicular en la zona.
La documentación del activista menciona que el Gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza posee facultades concurrentes en materia de desarrollo urbano. Bajo esta premisa legal, la autoridad local es la responsable directa de aprobar las modificaciones de cambio de uso de suelo y de firmar las licencias de construcción para los desarrolladores.
Entre la oferta inmobiliaria documentada en las inmediaciones de estos polígonos se encuentra el desarrollo denominado «Rancho San Juan», el cual comercializa lotes residenciales a partir de 500 metros cuadrados con un precio de salida de 7.9 millones de pesos.
Vergel de Arboledas: licencias, burocracia y opacidad en Atizapán
Los señalamientos sobre el desarrollo urbano en Atizapán de Zaragoza trascienden las laderas desbrozadas y apuntan hacia un entramado administrativo donde probables nuevas licencias de construcción chocan con restricciones históricas comprobables. Un expediente hecho público por Eduardo de la Cruz señala cómo el Gobierno municipal operaría mediante un esquema de oficios cruzados que, en la práctica, diluye las responsabilidades sobre el control del territorio.
El centro de la controversia actual se ubica en Vergel de Arboledas. De acuerdo con el documento integrado por De la Cruz, el 28 de junio de 2024, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento habría expedido la Licencia de Construcción LC/2511/2024 para una obra nueva en el Lote 50 de la Manzana 79.
El expediente acusa que este documento contaría con el aval oficial , pero ignoraría un obstáculo legal fundamentado: el predio está sujeto a restricciones específicas dictadas en el Oficio DGUyV-293/82, fechado en julio de 1982. Para justificar la obra, la administración local se ampararía en un plano de relotificación de 1973 que cataloga el espacio como «área vendible». Sin embargo, a la fecha, no se ha exhibido el dictamen jurídico que armonice o invalide la restricción de 1982 frente a la licencia presuntamente otorgada en 2024.
Caso llegaría a la Fiscalía del Edomex
La relatoría del activista consigna que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente emitió el oficio 400LGB000/206/2025, mediante el cual exige al gobierno municipal una copia certificada del expediente de la referida licencia de construcción. Este requerimiento ministerial confirmaría la apertura de una carpeta de investigación activa (NUC TLA/TLAVATI/013/362147/24/12) para indagar posibles hechos constitutivos de delito.
Hostigamiento, colusión interna y omisiones legales
La abogada y residente de Vergel de Arboledas, Sofía Mancilla, ha encabezado la ruta jurídica para frenar la urbanización de los predios en disputa. Su estrategia ha expuesto no solo la inacción de las dependencias de los tres niveles de gobierno, sino una presunta colusión al interior del propio fraccionamiento.
De acuerdo con los testimonios y expedientes de Mancilla, la Mesa Directiva local habría intentado apropiarse de áreas de donación mediante juicios de usucapión y contratos de compraventa simulados, operando a espaldas de los colonos para comercializar lotes que históricamente fungieron como áreas verdes y pasos de servidumbre.
La defensa legal del polígono documenta violaciones directas a la Ley de Asentamientos Humanos, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos e incluso al Acuerdo de Escazú. A pesar de lograr clausuras temporales en predios como el Lote 50 a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), las obras continuaron.
Mancilla señala que el quebrantamiento de sellos fue denunciado ante el Ministerio Público, tipificándose como delito federal. Sin embargo, los expedientes enfrentan dilaciones y traslados irregulares entre dependencias, pasando de mesas de trámite a la Fiscalía de Despojos y a la Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores.
El costo de exhibir este entramado ha derivado en una campaña de acoso contra la abogada. Mancilla denuncia ser blanco de hostigamiento sistemático, así como exposición de sus datos personales y dirección en redes sociales, maniobras presuntamente azuzadas por figuras con vínculos al Ayuntamiento. A la par, el activismo jurídico de la vecina enfrenta agresiones directas e intimidación para forzar su desistimiento.
Las externalidades de la especulación y la falta de planeación ya son palpables en Vergel de Arboledas. La abogada correlaciona la tala de decenas de árboles, la compactación del suelo para la creación de infraestructura privada disfrazada de parques y la proliferación de giros comerciales irregulares de venta de alcohol en zonas residenciales, con el colapso de los servicios básicos, destacando el desabasto de agua potable prolongado.
Mientras los planes de desarrollo urbano se aprueban mediante consultas públicas presuntamente simuladas, la autoridad local mantiene el hermetismo.
El testimonio de Mancilla acusa que el Gobierno de Pedro Rodríguez habría sostenido reuniones privadas para acordar el no ejercicio de la acción penal en las carpetas de investigación, consolidando un patrón donde las licencias irregulares prosperan frente al silencio administrativo y la vulnerabilidad de los habitantes.
El misterio de los 31 lotes
A la par de la investigación penal, el informe denuncia una presunta maniobra inmobiliaria a gran escala. A través del Órgano Interno de Control (oficio 23’4000030000005/968/2025), se habría turnado una denuncia sobre la existencia de un oficio emitido en septiembre de 2025, el cual ordenaría remitir 31 lotes —ubicados en las manzanas 79, 83 y 84— al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) bajo la categoría de «predios de libre disposición».
La opacidad prevalece en este punto: el propio documento de De la Cruz menciona que aún no se ha otorgado acceso al oficio original íntegro y se desconoce el fundamento técnico o el plano que justifique la desafectación de estas áreas.
Frente a las exigencias de claridad, la respuesta institucional, tanto a nivel estatal como municipal, habría sido la evasiva. El expediente detalla que, mientras la Dirección General de Planeación Urbana del Estado de México afirma en el oficio 23000201A000000/0670/2025 carecer de atribuciones para intervenir y realizar requerimientos al Ayuntamiento , la administración del alcalde panista Pedro Rodríguez Villegas mantiene un patrón de canalizar oficios internamente, declarándose incompetente sin resolver el fondo del problema. El resultado denunciado es un silencio administrativo que permite que el territorio cambie de manos sin rendición de cuentas.
El caso de Vergel de Arboledas exhibe una constante señalada en el desarrollo urbano mexiquense: la posible corrupción institucional como facilitadora de la especulación inmobiliaria. Mientras el Ayuntamiento de Atizapán y las dependencias estatales mantienen un presunto intercambio de oficios para evadir el costo político y administrativo del impacto urbano, el territorio cambia de uso en la opacidad afectando a la población en diversos aspectos.
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