El crimen organizado no solo controla las instituciones de seguridad pública en muchos de los 125 municipios en que está dividido territorialmente el Edomex, sino que tiene capturado por vía de la fuerza de las armas y el dinero al poder político. Reducirlo a un asunto de nota roja, a propósito de la “Operación Enjambre”, es trivializar un problema extremadamente grave que pone en riesgo la paz y la democracia.
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Son decenas de ayuntamientos controlados por organizaciones criminales, no solo el sur de la entidad, como siempre se pensó, el problema está extendido al norte, centro, oriente y poniente del Estado de México. El largo brazo mafioso está en todos lados.
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Por supuesto que es alentador que el Estado mexicano atienda por fin un problema tan grave como ese, presente en el Estado de México por lo menos desde hace un par de décadas. Para atacarlo e intentar extinguirlo son necesarios el Ejército, Marina, Guardia Nacional, inteligencia nacional y la Secretaría de Seguridad federal, el gobierno del estado no podría solo. Esa fue una de las peores herencias que el régimen priista dejó.
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Pensar que solo están involucrados los jefes de los cuerpos municipales de policía es una candidez. Quienes los colocaron como responsables de la seguridad pública son tanto o más responsables. Por eso no es ningún exceso que se coloque bajo investigación a los alcaldes de Tejupilco, Rigoberto López Rivera; Naucalpan, Angelica Moya; Ixtapaluca, Felipe Arvizu; Santo Tomás, Maria Del Rosario Matías; Tonatico, Evelia Ayala; Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas; Coacalco, David Sánchez Isidoro; Jilotzingo, Ana Teresa Casa; Tlatlaya, Crisóforo Hernández; Temascalcingo, José Luis Espinoza Navarrete; Aculco, José Alfredo Osornio; Acambay, Maribel Alcántara; Texcaltitlán, Javier Lujano; Atlacomulco, Marisol Arias; Coatepec Harinas, Marco Antonio Díaz Juárez; Luvianos, Alfredo Jaimes Benítez / Rosa María Garduño Cienfuegos; Amatepec, Obed Santos Rojo; San Simón de Guerrero, Sara Mora; Zacazonapan, Juan Vicente Jaramillo; Alquisiras, Leopoldo Domínguez y Jilotepec, Rodolfo Nogues, solo por mencionar el primer bloque. La alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez, no es la única. Hay peores.
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El silencio que ha guardado la clase política, económica e intelectual frente a la confirmación de cómo el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Gobierno en el Estado de México es incomprensible, por decirlo suavecito. Silencio absuelto frente a algo que si sucediera en cualquier otro lado, sería un escándalo mundial.
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