A Movimiento Ciudadano se le complica explicar la distancia entre el país que promete y el gobierno que ejerce en Jalisco. La crisis del agua y la represión contra quienes salieron a exigirla golpean dos atributos con los que busca distinguirse: capacidad para gobernar y cercanía con la ciudadanía.
El desgaste ya rebasó a Pablo Lemus. Jalisco es una de las principales cartas de presentación nacional de MC. Lo que sucede allí afecta a un partido que pretende ocupar el lugar de las fuerzas tradicionales y ganar la confianza de nuevas generaciones.
La contradicción pesa: pedir el respaldo de los jóvenes mientras un gobierno propio enfrenta denuncias de abusos contra manifestantes, entre ellos estudiantes. La identidad naranja encuentra en Guadalajara una prueba que la publicidad no puede resolver.
El agua desnudó las fallas del gobierno
La inconformidad comenzó en las casas. Agua turbia, sedimentos, malos olores y familias obligadas a buscar alternativas para cubrir una necesidad elemental. El gobierno reconoce dificultades en el sistema de abastecimiento y plantea modificaciones que también implican restricciones durante los trabajos.
El problema tiene consecuencias desiguales. Comprar agua, pagar una pipa o instalar filtros exige dinero. Quien dispone de menos recursos enfrenta mayores dificultades para protegerse y resolver su vida cotidiana.
Un servicio público deficiente termina convirtiéndose en un gasto privado. Esa transferencia de costos hacia las familias merece estar en el centro de la discusión.
MC gobierna Jalisco desde 2018. Lemus recibió problemas anteriores a su administración, pero representa la continuidad del proyecto que encabezó Enrique Alfaro. Su partido debe responder por las decisiones tomadas durante ese periodo, las obras pendientes y los resultados de las inversiones.
Los diagnósticos técnicos son necesarios para corregir el abastecimiento. También hace falta explicar por qué el deterioro llegó hasta este punto y quién tenía la obligación de evitarlo.
La represión multiplicó el agravio
La actuación policial del 11 de octubre convirtió el reclamo por el agua en una crisis de confianza. Lemus terminó por reconocer uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, después de que las imágenes y denuncias ampliaran el rechazo al operativo.
El reconocimiento lo obliga a esclarecer quién tomó las decisiones, sancionar los abusos acreditados y reparar a las víctimas.
Hubo agresiones contra policías que deben investigarse. La responsabilidad es individual y necesita pruebas. Ninguna agresión autoriza golpes contra personas sometidas, detenciones arbitrarias o tortura.
La autoridad dispone de la fuerza pública bajo límites legales; respetarlos es parte de su responsabilidad. Cuando esos límites se rompen, el gobierno debe responder por sus agentes y por sus mandos.
Para quienes marcharon, el agravio se duplicó: al servicio deficiente se añadió el temor a reclamar. Esa es una consecuencia política de la represión. Puede sacar personas de una plaza, pero deja desconfianza en barrios, universidades y familias.
La libertad no cerró los expedientes
La liberación de los detenidos permitió al gobierno anunciar una rectificación. Sin embargo, cuatro manifestantes fueron vinculados a proceso el viernes 16 de octubre y seguirán sus procedimientos en libertad.
Sus defensores, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Cepad, denuncian irregularidades y criminalización de la protesta. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia de culpabilidad.
Salir de una celda tampoco significa que el conflicto haya terminado. Los acusados deben enfrentar procedimientos, gastos e incertidumbre.
La CNDH investiga posibles violaciones a los derechos humanos, incluidas denuncias de tortura. El resultado será decisivo para establecer responsabilidades y evaluar la respuesta del gobierno.
Mientras esas denuncias sigan abiertas, MC difícilmente podrá presentar el episodio como un asunto superado. La credibilidad dependerá de lo que se esclarezca y de las consecuencias para quienes hayan abusado del poder.
El costo alcanza a la marca naranja
Movimiento Ciudadano ha construido parte de su atractivo alrededor de la renovación generacional y el rechazo a las viejas prácticas políticas. Guadalajara obliga a contrastar esa oferta con sus resultados.
La juventud de los candidatos y la estética de las campañas no garantizan una conducta democrática. Esta se reconoce cuando un gobierno escucha una protesta, informa con claridad y acepta límites a su autoridad.
La crisis cuestiona a MC en tres terrenos: su eficacia para garantizar agua de calidad, su sensibilidad frente al malestar y su congruencia al ejercer el poder.
Jalisco deja de funcionar solamente como escaparate y se convierte en un expediente que sus adversarios pueden llevar a la discusión nacional. Cada promesa de buen gobierno encontrará una pregunta sobre el agua; cada llamado a los jóvenes, otra sobre el trato a los manifestantes.
Eso no permite anticipar una derrota electoral. Sí debilita la idea de que votar naranja asegura una relación distinta entre ciudadanía y gobierno.
Para un partido que aspira a crecer, perder ese argumento resulta costoso. Competir por ser nuevo es relativamente sencillo. Demostrar que se gobierna mejor exige resultados.
Morena encuentra una oportunidad
La crisis ofrece a Morena un flanco contra uno de sus competidores. La condena federal a los abusos contrasta con la actuación del gobierno estatal y coloca a Lemus a la defensiva.
Ese beneficio político no garantiza justicia ni mejora el abastecimiento. La intervención de las instituciones federales tendrá que medirse por sus resultados, dentro de sus atribuciones.
Una izquierda consecuente debe sostener el mismo criterio en cualquier territorio: investigar los abusos, proteger a las víctimas y exigir servicios dignos, sin que cambie la exigencia según el partido que gobierna.
La población necesita conocer las causas del problema del agua, los riesgos, las obras necesarias, su costo y los plazos de solución. También necesita garantías para volver a manifestarse.
Recuperar confianza exige mucho más que corregir un mensaje. Para MC implica resolver el servicio, abrir la información y aceptar las responsabilidades que arrojen investigaciones independientes.
IMSS: la representación también se disputa
En el ámbito nacional, la inconformidad de trabajadores del IMSS pone bajo examen otra relación de poder: la de las dirigencias sindicales con sus bases.
El rechazo a la propuesta de incremento salarial obligó a reabrir la negociación. Los manifestantes exigen mejoras al tabulador y mayor transparencia sobre las conversaciones. El gobierno federal enfrenta su propia prueba: convertir la escucha en alternativas presupuestarias claras.
La dirección del instituto informa que la atención médica continúa. La defensa de los derechos laborales y la obligación de garantizar servicios deben atenderse juntas.
Los dos conflictos muestran el desgaste que aparece cuando la representación deja de responder. Un sindicato necesita escuchar a sus trabajadores. Un gobierno debe atender a quienes exigen un derecho.
En Jalisco, el costo compromete la oferta nacional de Movimiento Ciudadano. Su promesa de renovación tendrá que acreditarse en el agua que llega a las casas y en el trato que recibe quien reclama.
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